En la Argentina, más de 4 mil chicos estuvieron en conflicto con la ley penal juvenil durante 2024, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Los datos se conocen en pleno debate legislativo por la baja de la edad de imputabilidad y el ingreso del proyecto al Congreso.
Al 31 de diciembre de 2024, el sistema registró 4.119 niños, niñas y adolescentes bajo el ámbito penal juvenil. De ese total, 3.249 se encontraban bajo medidas penales en territorio, mientras que 865 estaban alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad. Además, cuatro cumplían prisión domiciliaria y en un caso no se consignó la modalidad de abordaje.
El informe señala que ocho de cada diez menores contaban con medidas judiciales que no implicaban encierro, sino programas de acompañamiento y supervisión dentro de redes sociocomunitarias. No obstante, durante 2024 se detectó una leve suba en los casos de privación de la libertad, pese a una tendencia general descendente.
El CNPT presenta su informe de actualización de datos sobre Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en Dispositivos de Encierro del Sistema Penal Juvenil en Argentina.
— Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (@CNPTArgentina) January 30, 2026
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Cómo funciona el sistema penal juvenil
A nivel nacional, el Sistema Penal Juvenil contó con 174 dispositivos: 75 destinados a medidas penales en territorio y 99 vinculados al encierro. Dentro de estos últimos, 63 correspondieron a privación de la libertad, 27 a restricción y nueve a dispositivos de aprehensión especializada.
En cuanto a los delitos imputados, predominan los delitos contra la propiedad, que representan el 57,1% de los casos. Le siguen los delitos contra las personas (13,9%) y los vinculados a la integridad sexual (7,5%).
Menores no punibles dentro del sistema
El informe también advierte sobre la presencia de menores de 16 años en el sistema penal juvenil. Se registraron 48 chicos de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 estaban en lugares de encierro. Según la normativa vigente, estos adolescentes son no punibles y deberían ser abordados por el sistema de protección integral de derechos, y no por el penal juvenil.
La tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires superan ampliamente ese promedio. Las dos primeras jurisdicciones concentran cerca del 75% de los casos a nivel país.
Entre los adolescentes punibles, más del 60% de quienes permanecieron bajo encierro tenían 16 o 17 años. Además, el informe destaca que más del 30% continuó cumpliendo medidas judiciales luego de haber alcanzado la mayoría de edad.
