En medio del escándalo en la AFA por presuntos desvíos millonarios, el empresario teatral Javier Faroni volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Ante el avance de la investigación, aseguró que su empresa, TourProdEnter LLC, actuó únicamente como agente comercial y que todas las operaciones se realizaron bajo instrucciones directas de la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, Faroni se presentó de manera voluntaria el pasado 16 de enero ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, donde negó cualquier tipo de irregularidad. El empresario sostuvo que no tuvo poder de decisión sobre los fondos investigados y que se limitó a ejecutar contratos firmados y avalados por la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino.
La causa judicial puso el foco en TourProdEnter, la firma con sede en Miami que gestionó cerca de 260 millones de dólares vinculados a derechos de imagen y contratos internacionales de la Selección Argentina desde 2021. Durante allanamientos recientes en la sede de la AFA, la Justicia encontró contratos firmados por Tapia y Toviggino que otorgaban a la empresa de Faroni una comisión del 30% sobre cobros y pagos.
La defensa y el rol de la AFA
A través de su abogado Maximiliano Rusconi, Faroni argumentó que la estructura contractual resultaba legal y eficiente en un contexto de fuertes controles cambiarios en Argentina. Según la defensa, este esquema evitó repatriaciones forzadas y todas las transferencias se realizaron con conocimiento y supervisión directa de la AFA.
La investigación se profundizó tras el hallazgo de documentación de Real Central SRL, firma propietaria de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a Toviggino, entre papeles secuestrados en Viamonte. Además, los investigadores detectaron transferencias desde TourProdEnter a SOMA SRL, empresa ligada a la familia del tesorero, y pagos a firmas ecuestres relacionadas con su entorno.
Una causa con alcance internacional
El juez Armella ordenó pericias sobre dispositivos electrónicos secuestrados y solicitó información bancaria a Estados Unidos. En ese marco, la Justicia analiza transferencias por más de 40 millones de dólares a sociedades como Soagu Services LLC y Marmasch LLC, ambas disueltas recientemente, y operaciones con empresas radicadas en Paraguay, lo que amplió el alcance internacional del expediente.
Mientras la causa avanza, Faroni insiste en que actuó bajo órdenes de la AFA y que no participó en decisiones financieras. Su defensa calificó las acusaciones como una “operación política” destinada a desestabilizar a la actual conducción del fútbol argentino, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas clave para definir responsabilidades.
