Los diputados nacionales Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, de Unión por la Patria, presentaron este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas maniobras que, según sostienen, alteraron el funcionamiento del INDEC. La acusación apunta a la decisión de no aplicar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que estaba previsto para entrar en vigencia en enero.
La presentación judicial incluye cargos por violación de los deberes de funcionario público, violación del secreto estadístico y falsificación de documentos públicos, entre otras figuras contempladas en el Código Penal y en la ley 17.622. Desde el espacio opositor aseguran que la intervención política afectó la independencia técnica del organismo.
Acusaciones por manipulación del IPC
Strada afirmó que el ministro “incurrió en irregularidades varias” y precisó que “ordenó que se mantenga el cálculo del IPC basado en componentes desactualizados”. Según explicó, en octubre de 2025 el organismo estadístico había resuelto implementar una nueva metodología a partir de enero de 2026.
“La decisión de postergar el nuevo índice busca esperar a que culmine la recomposición tarifaria, que tendría un fuerte impacto en los precios al consumidor”, analizó la economista. A su entender, “se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad”.
Impacto social y secreto estadístico
La diputada advirtió que la supuesta manipulación del indicador “determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas”, ya que el IPC incide en la fórmula de movilidad jubilatoria, en las paritarias y en la actualización de contratos públicos y privados. “El IPC es uno de los indicadores más relevantes del sistema estadístico nacional”, subrayó.
Además, cuestionó que el ministro haya anticipado públicamente datos vinculados a la variación del índice antes de su difusión oficial. “De esta forma incurrió en la violación del secreto estadístico previsto en la ley 17.622”, sostuvo. Y concluyó: “El ordenamiento jurídico establece garantías para la independencia técnica del organismo. Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”.
