Un grupo de obispos que integran las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas de la Iglesia católica publicaron un contundente documento donde ratificaron la postura del clero en el debate por la baja de la edad de imputabilidad. Los sacerdotes aseguraron que, lejos de resolver los problemas de inseguridad, la iniciativa del Gobierno Nacional profundizará el conflicto.
La Iglesia embistió contra el Gobierno
El documento publicado lleva el nombre «Bajar la edad no baja el delito: Más educación, más oportunidades y más esperanza» y se trata de una carta dirigida a los legisladores que en los próximos días tratarán el proyecto en el Congreso de la Nación. Acerca de la propuesta, sostuvieron: «Debe surgir de un compromiso genuino con la realidad y la responsabilidad pública, no del oportunismo electoral ni la manipulación del legítimo malestar social«.
Las Comisiones Episcopales de #PastoralSocial, #PastoralCarcelaria y #CáritasArgentina envían una #CartaAbierta dirigida a legisladores nacionales sobre el Proyecto del Nuevo Régimen Penal Juvenil.
— Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) February 9, 2026
? 1/3 – #Comunicación #CEAhttps://t.co/tmw9vWGE3Y
La carta está firmada por el presidente de Cáritas Nacional, monseñor Gustavo Carrara; el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria, monseñor Hugo Salaberry, obispo de Azul; el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida; y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.
Menor edad de imputabilidad, mayor índice de reiterancia
Estas organizaciones consideraron que el proyecto para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años es «una medida regresiva que no resuelve los problemas de inseguridad, sino que los desplaza y endurece«. Los sacerdotes argumentaron su postura al asegurar que el sistema penitenciario actual no puede garantizar la reinserción de niños y adolescentes, sino que suele aumentar los niveles de reincidencia y violencia.
Al citar los casos de países como Ecuador, Honduras o Brasil, donde la edad de imputabilidad es de 12 años, señalaron: «El ingreso temprano al sistema penal no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad. Nuestro país, con la edad de imputabilidad más elevada, es uno de los menos violentos en la región«.
