El ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales luego de responder en la plataforma X a una cuenta falsa que se burlaba del ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El intercambio se originó a partir de un mensaje publicado por un perfil identificado como “Katias Mulfas”, que buscaba relativizar las críticas por un contrato cercano a los US$ 80.000.
La polémica
Sin advertir que se trataba de una cuenta anónima y paródica -inspirada en el exministro Matías Kulfas-, el titular del Palacio de Hacienda decidió intervenir públicamente. La respuesta de Caputo fue breve pero contundente: “No se lo cree nadie. Es solo lo que algunos quieren hacer creer”. Sin embargo, lejos de calmar la discusión, su comentario encendió la polémica porque legitimó involuntariamente a un usuario sin identidad verificada.
Dirigentes opositores y usuarios de redes sociales calificaron el episodio como un “papelón institucional”, al considerar que un ministro de Economía no debería interactuar con cuentas falsas en un tema sensible vinculado al gasto público. Entre las voces críticas apareció la senadora Juliana Di Tullio, quien ironizó sobre la situación y cuestionó que Caputo avalara una defensa surgida -según planteó- del circuito habitual de trolls políticos en redes.
El episodio reavivó el debate sobre el uso de perfiles anónimos para influir en la discusión pública y sobre la responsabilidad de los funcionarios al amplificar ese tipo de contenidos. La controversia también se dio en un contexto económico delicado, marcado por el ajuste fiscal y la sensibilidad social respecto del gasto estatal. Por ese motivo, el hecho de que la defensa de un contrato millonario surgiera de una cuenta trucha profundizó el impacto político del episodio. En pocas horas, el intercambio se transformó en tendencia y volvió a poner bajo la lupa la comunicación digital de los funcionarios del Gobierno.
Contrato bajo la lupa y vínculo familiar
La polémica en torno a Sturzenegger se vincula con la adjudicación de un contrato por $ 114.044.133 -cerca de US$ 78.000 al tipo de cambio actual- a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para capacitar en idioma inglés al personal de Cancillería. La entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, lo que activó mecanismos de control por posible conflicto de intereses.
Según documentación oficial, el proceso incluyó la intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, además de la firma de un Pacto de Integridad. El servicio fue adjudicado mediante una modalidad de contratación por especialidad, bajo el argumento de que la AACI era el único prestador capaz de garantizar la continuidad del programa de capacitación.
El plan prevé cursos presenciales para más de un centenar de agentes diplomáticos y administrativos, con una duración de nueve meses y posibilidad de prórroga. También incluye evaluaciones de nivel, talleres específicos y materiales educativos de editoriales internacionales. Según la agencia NA, el expediente registró un “vínculo positivo” de tipo familiar entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional, lo que obligó a aplicar protocolos adicionales de transparencia. Pese a esas medidas, la contratación quedó firme y habilitada para su ejecución.
