La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que la Argentina atraviesa una etapa de fuerte ofensiva contra el crimen organizado y el narcotráfico. En este sentido, ostuvo que esa decisión política ubica al país entre los más firmes de la región en materia de seguridad. En declaraciones a La Nación+, remarcó que la lucha contra las bandas delictivas es una prioridad estratégica del Estado y que no todos los países la encaran con la misma intensidad.
“La región mira a Argentina en términos de seguridad”
“La decisión del combate al crimen organizado, al narcotráfico y a los delitos que se conectan es una decisión de buena parte de los países de la región”, señaló la funcionaria. No obstante, aclaró que existen diferencias sustanciales en la ejecución de esas políticas. “Compartimos un convencimiento frente a la lucha contra el narcotráfico, pero me atrevería a decir que no todos con la intensidad, convicción y decisiones firmes como lo viene llevando la Argentina”, sostuvo.
Monteoliva también planteó que durante años la Argentina miró hacia otros países para tomar modelos de referencia en seguridad, pero que actualmente la situación se invirtió. “Mirábamos a países referentes en seguridad y combate al narcotráfico. Mirábamos a Colombia, Chile, nos gustaban los indicadores de Uruguay. Hoy, la región mira a Argentina en términos de seguridad”, aseguró.
Según su visión, el cambio se explica por la implementación de políticas más duras y coordinadas contra las organizaciones criminales. En ese sentido, destacó que el objetivo es no solo reducir los índices delictivos, sino también recuperar el control estatal en zonas donde operan economías ilegales. La funcionaria sostuvo que los resultados comienzan a ser visibles y que otros gobiernos observan con atención la estrategia argentina. Asimismo, indicó que el desafío principal es sostener ese rumbo a largo plazo.
La situación de las cárceles y el uso de celulares en su interior
Por otra parte, la ministra fue especialmente crítica con la situación en las cárceles provinciales, donde -según afirmó- los detenidos continúan utilizando teléfonos celulares con relativa facilidad. “La provincia de Buenos Aires y todas las provincias, lamentablemente, todavía siguen utilizando teléfonos celulares”, advirtió, al señalar que esta problemática se repite en distintos puntos del país.
Monteoliva explicó que existen diversas modalidades de uso y mencionó como ejemplo el caso de un detenido por narcotráfico en Entre Ríos que tenía el dispositivo en su poder. A su juicio, esto evidencia fallas estructurales en los controles penitenciarios y pone en riesgo la seguridad pública. Además, consideró que el problema requiere una respuesta coordinada entre los gobiernos provinciales y el nacional.
Monteoliva recordó que el uso de celulares en cárceles se generalizó en 2020, durante la pandemia, cuando las restricciones sanitarias llevaron a flexibilizar los regímenes de comunicación. Sin embargo, cuestionó que ninguna jurisdicción haya revertido esa situación una vez finalizada la emergencia sanitaria. “Todavía estamos lejos con el tema de los celulares en las provincias. Nos toca ser mucho más enfáticos”, afirmó.
Finalmente, la ministra lanzó una advertencia contundente sobre las consecuencias de esta situación y reclamó acciones inmediatas. “Habría que tomar medidas más que urgentes porque un celular en manos de un preso, adentro de una cárcel, es un arma”, sostuvo, al remarcar que los riesgos para la sociedad pueden ser graves. De esa manera, Monteoliva llamó a adoptar medidas más estrictas para impedir que los presos mantengan comunicación con el exterior.
