A nada de que inicie el nuevo ciclo lectivo 2026, el Gobierno nacional definió su próxima meta legislativa tras haber obtenido la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. Ahora, el equipo del presidente Javier Milei apunta a que durante la primera semana de marzo se apruebe una nueva Ley de Financiamiento Universitario.
Lo que se conoce hasta el momento es que el texto inicial fue redactado en la Casa Rosada por especialistas y ya ingresó a la Cámara de Diputados. Mientras que el cambio principal apunta a modificar el reparto de fondos para las casas de altos estudios.
Desde el entorno presidencial tiene optimismo y creen que, gracias al apoyo de sus aliados, la ley será sancionada rápidamente cuando comiencen las sesiones ordinarias. El objetivo es ordenar las cuentas de las universidades mientras se postergan otras reformas, como la de los jubilados, para más adelante.
Presupuesto protegido contra la inflación
Uno de los puntos centrales del proyecto es asegurar que las universidades no pierdan dinero frente a la subida de precios. La propuesta establece que, si la inflación de 2026 supera el 14,3%, los fondos para el funcionamiento de las escuelas, la ciencia y la técnica se ajustarán automáticamente. De esta manera, el Gobierno busca preservar el valor real del presupuesto educativo frente al aumento del costo de vida.
Además, el plan oficial contempla un auxiliar económico muy importante para el sistema de salud que depende de las universidades. Se trata de un refuerzo de más de 80 mil millones de pesos destinados específicamente a los hospitales universitarios. Con esta suma, se busca garantizar que estos centros de salud puedan seguir funcionando y brindando asistencia financiera de manera adecuada.
Aumentos salariales a docentes y personal no docente
En cuanto a los trabajadores, el proyecto de ley propone un esquema de recomposición salarial para todo el año 2026. Se planea un incremento total del 12,3% para los docentes y el personal no docente. Este aumento se pagará en tres cuotas iguales de 4,1% cada una, distribuidas en los meses de marzo, julio y septiembre.
Un cambio importante es que la ley obligará al Poder Ejecutivo a convocar a reuniones salariales, conocidas como paritarias, de manera frecuente. Una vez que se apruebe la norma, el Gobierno deberá llamar a los gremios en un plazo no mayor a un mes. Después de ese primer encuentro, las reuniones para discutir sueldos deberán repetirse, como mínimo, cada tres meses.
Con este proyecto, el oficialismo busca cerrar el conflicto universitario y dar previsibilidad para no interrumpir el cursado de los estudiantes con paros gremiales.
