El Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó recientemente un contrato de $114.044.133 (IVA incluido) para la enseñanza de inglés a su personal. Sin embargo, la noticia generó revuelo debido a que la directora ejecutiva de dicha asociación es María Josefina Rouillet, la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La polémica señala a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), una institución de larga trayectoria en el país. Este monto millonario, que equivale a unos 78.000 dólares actuales, generó repercusión en el Gobierno de Javier Milei.
La relación entre los involucrados no es un secreto, ya que Rouillet ocupa ese cargo directivo desde el año 2020. Según los documentos de la contratación, fue la propia esposa del ministro quien se encargó de preparar y presentar la propuesta económica al Estado nacional.
La intervención de la Oficina Anticorrupción
Debido a que se detectó un «vínculo positivo» por matrimonio entre una proveedora y un ministro, intervino la Oficina Anticorrupción (OA). Para avanzar con el pago de los millones, el Gobierno exigió que se firmara un «Pactó de Integridad«. Este es un acuerdo obligatorio donde ambas partes se comprometen a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos y a garantizar que no existan sobornos en el proceso.
Desde el área de compras de Cancillería explicaron que la elección de la entidad dirigida por Rouillet se hizo mediante una «Adjudicación Simple». El argumento oficial es que la AACI es el “único prestador” que puede asegurar que los cursos no se interrumpan, dada su trayectoria previa capacitando a los empleados del ministerio. En esta ocasión, la asociación de la mujer de Sturzenegger fue la única que presentó una oferta.
Detalles de las clases y un antecedente llamativo
El dinero asignado cubrirá la formación de 132 agentes públicos, incluyendo a futuros diplomáticos. El programa incluye clases presenciales de dos horas y media por semana, el uso de plataformas digitales y el seguimiento de los alumnos con exámenes. Además, el contrato permite que la asociación pida un adelanto del 40% del total del dinero apenas comience el servicio.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que ya existió un contrato previo con la misma entidad en el año 2024 por más de 55 millones de pesos. Sin embargo, en aquel momento no se publicó ningún pacto de transparencia ni documentos que aclararan el vínculo familiar, a diferencia de lo que ocurre con el nuevo contrato millonario para 2026.
Hasta el momento, ni el ministro Sturzenegger ni las autoridades de Cancillería han dado una respuesta oficial sobre esta contratación. Aunque se cumplieron los pasos legales y se notificó a los organismos de control, la asignación de fondos públicos a una entidad manejada por la pareja de un alto funcionario sigue despertando dudas sobre la ética en el manejo de los recursos del Estado.
