El debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo eje de conflicto. Más allá de los cambios en las condiciones de trabajo, el proyecto incorpora una modificación clave que impactaría de lleno en el sistema de salud. Se trata de la reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada al seguro nacional de salud, una decisión que distintos actores del sector advierten como un desfinanciamiento encubierto.
Actualmente, el sistema de obras sociales se sostiene con un esquema contributivo del 9% del salario: un 3% aportado por el trabajador y un 6% por el empleador. La iniciativa oficial propone reducir la contribución patronal al 5%, lo que llevaría el financiamiento total al 8%. En términos reales, implica una caída del 11,11% en los recursos del sistema, sin que se prevea ningún mecanismo de compensación.
La reducción también afectaría de manera inmediata al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con el 15% de lo recaudado por aportes y contribuciones. Desde ese fondo se cubren prestaciones sensibles como discapacidad, subsidios automáticos y tratamientos de alto costo. Menos recaudación implica menos recursos para los sectores más vulnerables del sistema.
Según datos oficiales de la recaudación de agosto de 2025, el recorte de un punto porcentual significaría una pérdida estimada de $16.000 millones mensuales para el Fondo Solidario y de más de $90.000 millones para el conjunto de las obras sociales. Al considerar el Sueldo Anual Complementario, el impacto anual se vuelve estructural y no meramente coyuntural.
Un sistema ya golpeado por la crisis
El ajuste se aplicaría sobre un sistema que arrastra problemas previos. La caída de la actividad económica, el atraso salarial y el crecimiento del empleo informal redujeron los ingresos reales. Al mismo tiempo, los costos sanitarios aumentan de forma sostenida por medicamentos de alto precio, nuevas tecnologías y un mayor nivel de judicialización.
Las obras sociales, además, están legalmente obligadas a garantizar prestaciones integrales solo con los recursos que recaudan. En ese marco, absorber un nuevo recorte sin afectar la cobertura aparece como una opción inviable para muchos agentes del seguro de salud.
Más costo para los trabajadores
La menor recaudación también impactaría en los afiliados que derivan aportes a empresas de medicina prepaga. Con menos fondos disponibles, la diferencia entre el costo real del plan y lo financiado se trasladaría al trabajador, que debería pagar más de su bolsillo para sostener la misma cobertura.
Desde la Secretaría de Acción Social de la CATT repudiaron el proyecto y advirtieron que financiar una reforma laboral a costa del sistema de salud no fortalece el empleo, sino que profundiza la crisis sanitaria. Además, señalaron que el desfinanciamiento del seguro de salud no es una consecuencia colateral, sino una decisión política, y se declararon en estado de alerta para evaluar acciones en defensa del modelo solidario.
?? LA REFORMA LABORAL TAMBIÉN IMPACTA EN TU SALUD
— CGT (@cgtoficialok) January 6, 2026
La reducción de aportes patronales desfinancia el sistema de obras sociales y afecta la atención sanitaria de las y los trabajadores.????????
Menos recursos no generan beneficios reales:
generan más dificultades, menos… pic.twitter.com/CzCznC43xC
