(Por José De Álzaga).- Hay causas que nacen técnicas y terminan incómodas. No por lo que dicen -sino por lo que revelan cuando uno raspa apenas la superficie y decide leer sin apuro-. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 dictó resolución en el expediente CFP 5542/2017, iniciado en 2016 tras una denuncia anónima. Una inspección del entonces RENAR —hoy ANMAC— abrió una caja que durante años nadie pareció dispuesto a cerrar del todo. La de Alfredo Coto.
El hallazgo no fue menor: armamento, granadas antitumulto, proyectiles de gas, municiones y chalecos antibala almacenados en instalaciones vinculadas a Coto Centro Integral de Comercialización S.A.. Material en parte clasificado para uso exclusivo de fuerzas de seguridad, con irregularidades de registración y custodia. Armas con numeración presuntamente adulterada y otras con pedido de secuestro previo. También se analizó la trazabilidad de granadas lacrimógenas adquiridas años antes por el Ministerio de Seguridad bonaerense.
Nada épico, nada cinematográfico, nada que sirva para un thriller de sobremesa. Solo depósitos, actas, peritajes balísticos, químicos y metalográficos acumulándose en silencio. La investigación incluyó informes técnicos, actuaciones de Gendarmería y declaraciones administrativas que dibujan un mapa más burocrático que novelesco. Pero a veces la burocracia es precisamente el lugar donde se esconde lo verdaderamente sensible. Y en este caso, el detalle terminó siendo más elocuente que cualquier discurso.
Lo curioso del caso es que aparece un nombre que ya no es solo jurídico sino político. Santiago Viola intervino como abogado defensor de Alfredo Coto en la estrategia vinculada al expediente y hoy se desempeña como apoderado nacional de La Libertad Avanza. Quizás un escudo protector que no sirvió de nada. La resolución judicial —fechada el 20 de febrero de 2026— lo alcanza con un procesamiento. No es una condena ni una sentencia definitiva, pero sí una decisión fundada en prueba acumulada durante casi una década.
El magistrado distingue responsabilidades, sobresee a algunos imputados y procesa a otros según su grado de participación. Reconstruye cadenas administrativas, contrataciones, movimientos de armamento y mecanismos de custodia con una minuciosidad que incomoda. El fallo no declama ni editorializa; detalla. Y cuando un texto judicial detalla demasiado es porque alguien, finalmente, decidió ordenar un desorden que llevaba años naturalizado.
La política suele preferir que este tipo de expedientes envejezcan en silencio, convertidos en polvo judicial o en anécdota técnica. Sin embargo, las causas largas tienen una obstinación particular: sobreviven a los gobiernos, a los climas ideológicos y a las mayorías circunstanciales. Cuando regresan a la superficie no preguntan filiación partidaria ni cargo actual. Preguntan hechos, fechas y responsabilidades concretas asentadas en un expediente.
La causa ahora abre la puerta a eventuales apelaciones ante la Cámara Federal y el debate jurídico continuará por los carriles previstos. Pero el dato ya está escrito en una resolución: una investigación que comenzó en 2016 terminó alcanzando, diez años después, a un actor hoy ubicado en el centro de la escena política nacional. No es interpretación ni consigna, es cronología procesal.
Porque en la Argentina las armas no son solo objetos almacenados en un depósito. Son símbolos que, cuando aparecen con numeraciones cuestionadas y trazabilidades incompletas, dejan de ser metáfora y se vuelven problema. La Justicia no cerró la historia, pero avanzó un casillero. Y en un país donde tantos expedientes se diluyen, que uno persista y procese ya constituye un hecho que merece ser leído sin distracciones.
