La tensión crece en Santa Fe tras una nueva protesta de efectivos policiales y del Servicio Penitenciario que derivó en un acuartelamiento parcial y manifestaciones frente a la Casa de Gobierno y en Rosario. Los reclamos apuntan a mejoras salariales y a cambios en las condiciones de trabajo, en lo que representa el segundo episodio de este tipo en menos de una semana y suma presión sobre la gestión de Maximiliano Pullaro.
Los focos de protesta
Las concentraciones comenzaron durante la noche del lunes en la capital provincial, con presencia de personal activo y retirado de la Brigada Motorizada y de Orden Público. Dos patrulleros fueron apostados en las inmediaciones de la sede del Poder Ejecutivo, sobre las calles San Jerónimo y 3 de Febrero, como parte de la protesta.
En paralelo, durante la mañana del martes hubo manifestaciones frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde se registró quema de cubiertas sobre avenida Ovidio Lagos. El Centro Integrado de Operaciones Rosario informó además cortes totales de tránsito en la zona de Gutiérrez y recomendó evitar la circulación por el área.
La reacción del gobierno de Pullaro
Desde el Gobierno provincial, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 policías se pasarán a disponibilidad, con retiro de arma y chaleco antibalas. El funcionario sostuvo que algunos manifestantes incurrieron en abandono de servicio y en la paralización de móviles que debían estar patrullando.
Cococcioni aseguró que el reclamo salarial es “válido”, pero denunció que se montaron acciones “violentas y antijurídicas” impulsadas -según dijo- por grupos con intereses particulares. También señaló que se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación para investigar posibles delitos penales vinculados a los incidentes.
El ministro agregó que detectaron participación de personas allegadas a sectores desplazados de la fuerza y mencionó presuntos vínculos con causas de corrupción. Mientras tanto, los efectivos mantienen las protestas y el conflicto salarial sigue abierto, en un escenario que eleva la tensión política y operativa en la provincia.
