Tensión en el Congreso: activistas saltaron la reja por la Ley de Glaciares y hubo detenidos

Un grupo de activistas de Greenpeace protagonizó un fuerte episodio de tensión en el ingreso al Congreso de la Nación al saltar la reja perimetral y ocupar las escalinatas del edificio. La acción se realizó en rechazo al tratamiento en el Senado de la modificación a la Ley de Glaciares. Al menos 12 personas fueron detenidas tras el operativo de seguridad desplegado por las fuerzas federales.

Los manifestantes buscaban visibilizar su oposición a los cambios impulsados por el oficialismo, que consideran perjudiciales para la protección ambiental. El hecho generó un clima de máxima tensión en el centro porteño, con un fuerte despliegue policial para desalojar la zona. La protesta se desarrolló previo al tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta, la cual propone redefinir la protección del ambiente glaciar y periglacial.

En este marco, los activistas se sentaron sobre inodoros en las escalinatas del edificio como forma de manifestación pacífica, aunque la situación derivó en forcejeos con los efectivos encargados del operativo. Desde la organización ambiental señalaron que la reforma podría habilitar actividades extractivas en zonas sensibles de alta montaña. Además, denunciaron que la iniciativa pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce para el país.

El descargo de Greenpeace

Los ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron el explícito mensaje “Senadores, no se c@gu*n en el agua”. Desde la organización argumentaron que se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma a la Ley de Glaciares para la seguridad hídrica del país. La intervención fue simbólica y no violenta. “Nuestra protesta fue pacífica y tuvo un objetivo claro: advertir que esta reforma debilita los presupuestos mínimos que durante más de 15 años protegieron los glaciares como reservas estratégicas de agua en Argentina”, sostuvo Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

Salas agregó: “Lo que hoy se discute en el Senado es la posibilidad de reducir el estándar nacional que garantiza que estas fuentes de agua dulce no queden sujetas a decisiones discrecionales de las provincias. Eso implicará un retroceso en la seguridad hídrica del país y en la protección de un bien común esencial”. “La protección de los glaciares no es una consigna, es una decisión estratégica y una política de Estado sobre el agua que necesita la Argentina en las próximas décadas. Esperamos que el Congreso esté a la altura de esa responsabilidad histórica y no retroceda en un estándar que la propia sociedad ayudó a construir”, concluyó.

Qué cambios impulsa el oficialismo

El Gobierno nacional busca modificar artículos centrales de la normativa vigente en pos de redefinir la protección del ambiente periglacial y habilitar proyectos vinculados a la megaminería y a la explotación hidrocarburífera. Según trascendió, la iniciativa también pretende otorgar mayor autonomía a las provincias para decidir sobre sus recursos naturales. Desde La Libertad Avanza sostienen que esto permitirá atraer inversiones y dinamizar economías regionales. Sin embargo, ambientalistas advierten que podría debilitar los estándares de protección establecidos por la ley actual.

La norma vigente, la Ley Nº 26.639, se concebió para resguardar glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua. Estos sistemas naturales alimentan ríos, cuencas hídricas y ecosistemas que sostienen a millones de personas. Según especialistas, Argentina cuenta con cerca de 17.000 glaciares inventariados que abastecen a numerosas provincias, incluso aquellas alejadas de la cordillera. Por ello, el debate excede a las jurisdicciones cordilleranas y adquiere carácter federal. La discusión también se da en un contexto de crisis climática y creciente escasez hídrica.

La advertencia de Greenpeace y el foco en el agua

Desde Greenpeace Argentina difundieron imágenes aéreas de una zona de alta montaña en San Juan para denunciar presuntas intervenciones mineras en áreas protegidas. “No es solo roca y hielo. Son glaciares. Son reservas estratégicas de agua dulce”, señalaron en redes sociales, al advertir que modificar la ley podría legitimar actividades que actualmente serían ilegales.

Según la organización, la destrucción de un glaciar implica la pérdida permanente de un recurso clave para comunidades y ecosistemas. Además, remarcaron que el deshielo alimenta ríos y humedales que sostienen biodiversidad y producción en amplias regiones del país. Especialistas ambientales subrayan que estos sistemas funcionan como una infraestructura natural que regula el agua en zonas áridas y semiáridas. También cumplen un rol climático al reflejar radiación solar y moderar temperaturas extremas.