En la antesala de una nueva sesión extraordinaria en el Senado de la Nación, La Libertad Avanza difundió un mensaje en redes sociales para respaldar el proyecto de Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional. El posteo incluyó un video de la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien lanzó un duro mensaje contra quienes se oponen a la iniciativa.
“En la Argentina del orden, el que las hace, las paga”, señalaron desde el partido oficialista. Además, confirmaron que buscarán la sanción definitiva de la norma en la sesión prevista para este viernes. “Mañana en el Congreso buscaremos dar sanción definitiva a la Ley de baja de edad de imputabilidad”, expresaron. Cabe remarcar que el proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados y dictamen favorable de comisión en el Senado.
En el video que acompaña el mensaje, Bullrich expresó: “¡Al fin vamos a tratar la Ley Penal Juvenil! Para terminar con la impunidad de los menores violentos y asesinos”. Seguidamente, sostuvo: “En el Congreso va a quedar claro quiénes están del lado de los delincuentes y quiénes estamos del lado de las víctimas”. También mencionó el caso de Jeremías, un joven que fue torturado y asesinado en Santa Fe por menores de edad. “Le dieron 20 puñaladas y ahora están en su casa como si nada. Ya se termina esta brutalidad”, afirmó. Y concluyó con una frase que sintetiza la postura oficialista: “No importa la edad, importa el daño causado”.
En la Argentina del orden, el que las hace, las paga.
— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) February 25, 2026
Estamos impulsando las reformas que Argentina necesita para ser cada día un país más seguro. Mañana en el Congreso buscaremos dar sanción definitiva a la Ley de baja de edad de imputabilidad. VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/TjkwK4lvuA
Qué propone la baja de edad de imputabilidad
El proyecto que se debatirá establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y modifica la vigente Ley Nº 22.278, sancionada en 1980. Desde el oficialismo argumentan que la normativa actual quedó desactualizada frente al escenario de la delincuencia juvenil y que es necesario contar con un “marco legal moderno”. También sostienen que aumentaron los delitos cometidos por menores de entre 12 y 15 años, con participación creciente en hechos graves. Según remarcan, esta situación genera una fuerte sensación de impunidad e injusticia en la sociedad.
En esa línea, el Ministerio de Seguridad Nacional, actualmente a cargo de Alejandra Monteoliva, sostiene que muchas organizaciones criminales utilizan a menores para cometer delitos porque no pueden ser procesados penalmente. Con la nueva ley, el Ejecutivo busca desarticular esa estrategia y establecer un régimen que combine sanciones con medidas socioeducativas. El objetivo declarado es reforzar la responsabilidad penal sin descuidar la reinserción social de los jóvenes involucrados en hechos delictivos.
Negociación política y cambios en la edad
El texto original impulsado por el oficialismo proponía fijar la punibilidad desde los 13 años. Sin embargo, tras una negociación parlamentaria con bloques dialoguistas, se acordó elevar el piso a 14 años para garantizar los votos necesarios. Esa modificación permitió asegurar el acompañamiento de sectores como el PRO y la UCR, que consideraban más adecuado ese límite en sintonía con otros países de la región. Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana establecen la imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la fijan en 12.
Penas, régimen y financiamiento
La iniciativa prevé penas de hasta tres años para delitos menores y un tope de 15 años de prisión para hechos graves como homicidios, abusos o secuestros, con posibilidad de extender la condena hasta 20 años en casos excepcionales. También contempla regímenes de libertad asistida, amonestaciones, tareas comunitarias y programas educativos o de capacitación laboral. El esquema combina un enfoque punitivo con medidas de resocialización, buscando evitar la reincidencia.
El régimen prohíbe que los menores convivan con adultos y establece la creación de centros de detención especializados o unidades separadas dentro de los penales. Según lo previsto por el Gobierno nacional, se destinarán más de $ 23.700 millones para la construcción de institutos y la contratación de personal interdisciplinario capacitado en niñez y adicciones. De esta manera, el oficialismo busca garantizar infraestructura adecuada y un abordaje integral.
