La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, de forma unánime, una ley de amnistía destinada a la liberación de presos políticos. Esta iniciativa fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el mando luego de que Nicolás Maduro fuera capturado en una operación militar de Estados Unidos a principios de enero.
La nueva normativa concede el perdón por faltas políticas ocurridas en un periodo muy amplio, que va desde el año 2002 hasta el 2025. Esto incluye momentos de gran tensión como el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, el paro petrolero y las fuertes protestas sociales de 2014, 2017 y 2024. Según las autoridades, el objetivo es «restañar las heridas» que dejaron estos hechos de violencia.
Los hechos que serán perdonados en Venezuela
Sin embargo, la amnistía tiene límites muy claros para asegurar que no haya impunidad en casos graves. Por este motivo quedan excluidos quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o corrupción. Tampoco podrán recibir este beneficio las personas involucradas en homicidios intencionales, lesiones graves o tráfico de drogas.
Un punto muy importante que se resolvió a último momento es la situación de los líderes opositores en el exilio, como María Corina Machado o Edmundo González. Finalmente, el texto permite que quienes están fuera del país puedan presentarse ante la justicia con un abogado. Esto destrabó la discusión que se había frenado la semana pasada por falta de acuerdo entre los legisladores.
El proceso de liberación
Durante la firma de la ley en el Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez aseguró que este es un acto de «grandeza» para garantizar un futuro de convivencia para los jóvenes. La presidenta encargada afirmó que es necesario dejar de lado la intolerancia y abrir un proceso donde se sepa «pedir perdón y recibir perdón». Para ella, este es el camino para lograr el encuentro entre todos los venezolanos.
Para que la ley se cumpla de forma efectiva, se creará una comisión especial encargada de revisar cada caso. Aunque todavía no hay una fecha exacta para todas las salidas, Rodríguez pidió «máxima celeridad» para que los detenidos recuperen su libertad lo antes posible. El Gobierno busca que el proceso sea transparente y que los beneficios lleguen a quienes realmente corresponden según la nueva norma.
Actualmente, organizaciones como Foro Penal calculan que todavía hay más de 600 personas encarceladas por motivos políticos en Venezuela. Hasta el momento se han registrado unas 400 liberaciones, pero las familias consideran que el ritmo de las salidas es demasiado lento. Con esta nueva ley, se espera que el proceso se acelere para que todos los beneficiarios puedan volver sus familias.
