El oficialismo avanza en una carrera contrarreloj durante el periodo de sesiones extraordinarias, por lo que la vicepresidente Victoria Villarruel remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral aprobado por el Senado el pasado miércoles 11. La vicemandataria demoró el giró del proyecto a la Cámara Baja debido a los casi 50 cambios que recibió durante su debate.
La Libertad Avanza apuesta por un debate rápido
Distintas fuentes legislativas revelaron a la agencia Noticias Argentinas que Villarruel envió la iniciativa al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Una vez el bloque de legisladores de La Libertad Avanza tenga el proyecto podrá convocar al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto el próximo miércoles para emitir un dictamen y tratar la «modernización laboral» antes del fin de las sesiones extraordinarias, el próximo 28 de febrero.
Si bien el gobierno de Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias para aprobar el proyecto de reforma laboral, el oficialismo incluyó otros temas a la agenda legislativa de febrero. Una de las iniciativas más importantes tratadas fue la modificación al Régimen Penal Juvenil, aprobada el jueves por la Cámara de Diputados y que ya fue enviada al Senado para su sanción definitiva.
¿Qué debatirá el Congreso en febrero?
Debido a esto, el Gobierno Nacional extenderá las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero a través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes. En el calendario extendido, La Libertad Avanza presentará también una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar los continuos reclamos de las casas de altos estudios.
«La idea de esta nueva ley es hacerla implementable«, comentaron desde el espacio libertario a Noticias Argentinas. A través del proyecto, el Poder Ejecutivo busca terminar con los reclamos por actualizaciones presupuestarias para el funcionamiento de las universidades.
En 2025, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, sin embargo, el presidente Javier Milei terminó vetándola una vez llegó a sus manos, esto dio inicio a una larga disputa en la que primero el Congreso ratificó la ley y el Gobierno la promulgó, pero decidió no aplicarla. La decisión del Ejecutivo llevó a varias denuncias penales contra el presidente y sus funcionarios.
