(Por Diego Nofal).- A 16 años del «Andalgalazo«, el fantasma de la represión vuelve a recorrer Catamarca. Las asambleas ambientales denunciaron que el gobernador Raúl Jalil comenzó a movilizar fuerzas de seguridad hacia las zonas mineras. Los manifestantes prevén que el conflicto antiminero va a escalar en los próximos días. El temor a un nuevo episodio de violencia institucional encendió todas las alarmas.
El recuerdo de la salvaje represión de febrero de 2010 sigue latente en la memoria colectiva. Aquella pueblada logró detener por más de una década los proyectos mineros en la región. Hoy, el gobernador anticipa un conflicto de magnitud y refuerza el operativo de seguridad. Las organizaciones sociales interpretan esto como una provocación y una amenaza directa.
La reactivación de Minera Alumbrera y el proyecto MARA, el foco del conflicto
La reactivación de Minera Alumbrera y el avance del proyecto MARA (Agua Rica Alumbrera) son el combustible del conflicto . Las comunidades ven cómo el agua de las vertientes se otorga a las empresas. A esto se suma la presión de Jalil para modificar la Ley de Glaciares en el Congreso. Para los ambientalistas, esto permite el saqueo de reservas hídricas estratégicas.
El mandatario provincial defendió la reforma con un polémico argumento. «No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza«, justificó Jalil hace pocas semanas. Mientras tanto, su gestión apuesta a captar inversiones mineras en eventos internacionales como la Argentina Week. Las asambleas denuncian que este modelo solo trae contaminación y conflictos .
El recuerdo del «Andalgalazo» de 2010 en Catamarca
La resistencia lleva 16 años de lucha ininterrumpida en las calles de Andalgalá. La Asamblea El Algarrobo ya realizó más de 838 marchas en contra de la megaminería. Su reclamo es claro: el agua vale más que el oro y la vida no se negocia. Ahora, la cifra sigue aumentando frente a la movilización de fuerzas .
Los ambientalistas denuncian que la protesta social siempre fue respondida con balas de goma y gas. El antecedente más grave ocurrió en Chaquiago durante el 2010 . Hubo represiones también en 2012 y una cacería contra manifestantes en 2021. Jalil conoce esa historia, pero según las asambleas, vuelve a repetir los mismos errores .
La pelea también llegó a la justicia federal y a los organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se hizo eco de las denuncias . Vecinos de Andalgalá señalaron sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La respuesta del Estado, hasta ahora, ha sido la negación de justicia y la criminalización .
El pueblo le responde con un «No» a la intención de Jalil
Mientras Jalil defiende la autonomía provincial para explotar los recursos, el pueblo organizado le responde con un «No» rotundo. El comunicado de El Algarrobo es contundente: «No hay licencia social para sus mentiras«. Las fuerzas de seguridad no deberían estar para custodiar negocios, sino para proteger a la ciudadanía, advierten.
La memoria es frágil en los despachos oficiales, pero no en las laderas de los cerros. Las asambleas se reúnen al calor de la memoria de quienes resistieron. A 16 años de aquellos golpes, los pobladores saben que defender el agua es ser pro futuro. El gobernador deberá decidir si escucha a las corporaciones o a su pueblo .
La provincia de Catamarca se encamina a un nuevo capítulo de esta histórica disputa. Los ojos están puestos en cómo actuarán las fuerzas de seguridad esta vez. La sociedad catamarqueña espera que no se repita la tragedia de 2010. Mientras tanto, la resistencia sigue firme, con la certeza de que el agua no es un recurso, sino la madre de todos los recursos .
