(Por Federico Mena Saravia).- Durante años, dentro del mundo judicial argentino existió una regla no escrita que todos conocían. Los honorarios regulados por los jueces, especialmente cuando se pagaban mediante depósitos judiciales, no siempre requerían factura. Era una práctica instalada, aceptada y parte del funcionamiento cotidiano de tribunales, estudios jurídicos y peritos. Pero esa etapa comienza a cerrarse. Una nueva resolución de ARCA decidió modificar ese esquema que llevaba décadas funcionando de esa manera.
La Resolución General 5824 introduce un cambio concreto en el régimen de facturación que rige para profesionales del derecho. En términos simples, elimina la excepción que permitía cobrar honorarios judiciales sin emitir comprobantes electrónicos. A partir de ahora, esos ingresos deberán quedar registrados formalmente dentro del sistema fiscal. La medida alcanza a abogados, peritos y auxiliares de justicia. Y obliga a incorporar esos pagos al circuito habitual de facturación.
La decisión de ARCA que cambia toda una lógica histórica en la Justicia
El cambio no es menor porque toca una práctica profundamente arraigada en el funcionamiento judicial. Durante años, muchos honorarios se percibían directamente desde cuentas judiciales sin pasar por el sistema de comprobantes electrónicos. Con la nueva normativa, esa lógica desaparece. Cada regulación de honorarios que se cobre deberá estar respaldada por una factura. Algo que, hasta ahora, no siempre era obligatorio dentro del engranaje judicial.
Desde el organismo recaudador explican que la decisión forma parte de un proceso más amplio de modernización del sistema tributario. El objetivo es mejorar la trazabilidad de los ingresos profesionales y ordenar la información fiscal. También avanzar hacia sistemas automáticos de liquidación de impuestos. Especialmente en IVA y Ganancias. En otras palabras, el Estado busca que cada ingreso quede registrado dentro del circuito formal.
Estudios jurídicos, peritos y auxiliares, obligados a transformarse
La resolución ya fue publicada, aunque su aplicación comenzará a regir recién el 1 de julio de 2026. Ese margen busca dar tiempo a los profesionales para adaptar sus sistemas administrativos y contables. Estudios jurídicos, peritos y auxiliares deberán reorganizar su forma de registrar honorarios. En particular aquellos que hasta ahora utilizaban esquemas administrativos más simples. La transición, reconocen muchos profesionales, llevará algunos meses.
En definitiva, se trata de un cambio silencioso pero significativo dentro del funcionamiento del sistema judicial argentino. Una práctica que durante años fue habitual comienza a desaparecer. Desde ahora, los honorarios regulados por la Justicia deberán ingresar plenamente al sistema de facturación electrónica. Un ajuste técnico que refleja algo más profundo. La decisión del Estado de avanzar, también en el mundo judicial, hacia un control fiscal cada vez más completo.
