La modificación de la Ley de Glaciares, aprobada por el Senado de la Nación, busca redefinir cuáles son las zonas protegidas de los glaciares en las provincias. El objetivo principal es permitir la exploración y explotación económica en áreas llamadas «periglaciares», que hasta ahora estaban blindadas contra cualquier actividad industrial o extractiva.
Esta propuesta fue impulsada por el Gobierno nacional a pedido de varios gobernadores aliados. La intención política es facilitar la llegada de inversiones mineras millonarias a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que forma parte de la Ley Bases aprobada en 2024.
Más poder para los gobernadores
Un punto central de esta reforma es que le transfiere facultades directas a las provincias para que ellas decidan qué zonas proteger y cuáles no. Esto reduce notablemente la participación del Gobierno nacional en el manejo de estos recursos naturales.
Los principales impulsores de esta medida son los gobernadores de Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza. El proyecto ya consiguió su primer triunfo en el Senado con 40 votos a favor y 31 en contra, marcando un cambio en los criterios de resguardo ambiental para favorecer el desarrollo minero.
Nuevos criterios para permitir la minería
Con esta ley, se busca eliminar la prohibición automática de actividades en las áreas cercanas a los glaciares. A partir de ahora, se podrán autorizar proyectos económicos siempre y cuando presenten una evaluación de impacto ambiental que sea aprobada por las autoridades correspondientes.
Además, la protección de un área dependerá de estudios técnicos que confirmen si el lugar cumple una «función hídrica relevante». Si no se demuestra científicamente que la zona aporta agua a las cuencas, podría quedar habilitada para la explotación. Los gobernadores sostienen que el inventario actual de glaciares está desactualizado, mientras que sus defensores argumentan que la falta de dinero impidió mantenerlo al día.
Protesta por los recortes en el debate
Este miércoles y jueves comenzará en Diputados las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares que el Senado ya aprobó. Según la información oficial, solo 200 de los 100 mil inscriptos podrán exponer, tras el esquema que definió el oficialismo.
Ante esta decisión, organizaciones ambientales y sectores de la oposición convocaron una protesta frente al Congreso bajo el lema “hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La movilización cuenta con el apoyo de partidos políticos, pueblos originarios y movimientos sociales.
Los manifestantes denuncian que limitar la palabra en las audiencias es una forma de avanzar con la reforma que pone en riesgo el recurso hídrico. El conflicto promete escalar mientras la Cámara de Diputados define si convierte en ley este nuevo esquema de protección ambiental.
