(Por Diego Nofal).- La provincia de Catamarca posee 691 glaciares en su territorio cordillerano y más de la mitad de ellos se encuentran ubicados en zonas de explotación minera, lo que enciende todas las alarmas ambientales por la reforma a la Ley de Glaciares. El capricho de los gobernadores como Raúl Jalil por explotar minerales sin el menor cuidado del medio ambiente ha puesto en la mira estos reservorios de agua dulce que resultan vitales para el futuro hídrico de la región.
Mientras los parlamentarios alineados con Raúl Jalil impulsan una reforma de la Ley de Glaciares que debilita su protección, los científicos advierten que se trata de una decisión con consecuencias irreversibles para todo el ecosistema.
Lo curioso del caso es que Catamarca recibe apenas un tres por ciento de las ganancias mineras en concepto de regalías, una miseria si se considera que entrega sus montañas, su agua y su paciencia. Pero la historia no termina ahí, porque de ese magro porcentaje la provincia debe pagar impuestos a la Nación, lo que reduce la cifra final a un miserable rango de entre el 1.2 y el 1.5 por ciento de las ganancias totales.
Los escasos recursos que recibe Catamarca por la minería
Es decir que Catamarca se queda con menos de dos pesos por cada cien que produce la minería, mientras los parlamentarios votan felices por destruir glaciares enteros.
La ingeniera Claudia Marcela Romero explicó con claridad meridiana que modificar la ley entregando la potestad de identificación a quienes tienen conflicto de interés para ejercerla no es una adecuación normativa sino una decisión con consecuencias irreversibles. El problema de fondo es que la ciencia aún no terminó su tarea porque si bien el IANIGLA completó en 2018 el Inventario Nacional de Glaciares y actualizó datos en 2024, ese registro es solo una foto de ubicación sin saber cuánta agua aporta cada geoforma. Resulta paradójico que quieran desproteger glaciares cuando ni siquiera conocen a ciencia cierta la función que cumplen en el sistema hídrico.
En regiones como la Puna catamarqueña las precipitaciones anuales oscilan entre los escasos cincuenta y los doscientos milímetros, lo que convierte a los glaciares de escombros en verdaderas esponjas reguladoras indispensables. En años de sequía estos cuerpos pueden aportar entre el veinticinco y el cincuenta por ciento del caudal de los ríos en los Andes áridos, lo que significa que dañarlos es condenar a la desertificación a comunidades enteras.
Los parlamentarios de Jalil parecen no haber entendido que un glaciar no es un adorno paisajístico sino una fábrica de agua que trabaja gratis para todos los catamarqueños.
Un glaciar no es un adorno paisajístico
Mientras tanto el exdiputado Hugo Daniel Ávila agarró la calculadora y demostró que la minería se parece más a un espejismo que a una política de desarrollo serio para la provincia. Catamarca pone los minerales, pone el agua, pone la mano de obra y pone la tierra, y luego enfrenta los graves daños ambientales que genera la actividad por unas pocas monedas. La Nación decidió bajarle las retenciones a la minería pero le cobra impuestos a las provincias por la actividad, un descuento perverso donde mientras más minerales salen menos dinero entra efectivamente.
Lo más insólito del caso es que existe un modelo alternativo funcionando en la provincia vecina de Jujuy, donde las empresas que quieran asentarse deben aceptar que la provincia sea socia en un 8.5 por ciento de los recursos obtenidos. Las mineras no solo no huyeron despavoridas de Jujuy sino que hicieron fila para invertir, lo que demuestra que el problema no es pedir una porción más justa sino tener representantes dispuestos a negociarla. Alguien por debajo de la mesa ha decidido que era mucho más barato pagarle a la política que dejar un diez por ciento de las ganancias, un cálculo perverso donde financiar campañas resulta más económico que compartir la riqueza.
El informe de Romero busca derribar la idea de que la protección de los glaciares es un problema exclusivo de las provincias cordilleranas, porque las cuencas que nacen en Catamarca no mueren allí sino que se integran a sistemas mayores. La cuenca Salí Dulce atraviesa cinco provincias y es la fuente de agua para cerca de dos millones y medio de personas, lo que significa que cuando se debate la protección de los glaciares catamarqueños se está debatiendo el agua de millones que viven aguas abajo.
La próxima vez que alguien hable de la minería como la salvación económica habría que preguntarle si piensa que regalar el 98.8 por ciento de la riqueza es un buen negocio para una provincia que hipoteca su futuro hídrico.
Los parlamentarios de Jalil votan por capricho sin mirar las consecuencias
Los parlamentarios que votan por capricho sin mirar las consecuencias deberían recordar que los glaciares no entienden de leyes improvisadas ni de negociados políticos, ellos simplemente cumplen su función de proveer agua o se derriten para siempre. Con esa lógica miserable cualquier argentino podría vivir de vender su casa pero quedarse solo con el dinero del flete para mudarse, un negocio ruinoso que solo beneficia a las grandes corporaciones mineras.
Ojalá los diputados nacionales tengan más criterio que sus pares del Senado y frenen esta locura ambiental antes de que Catamarca se quede sin agua, sin glaciares y sin futuro, pero con el consuelo de haberle regalado sus riquezas a quienes ni siquiera viven allí.
