La Cámara de Diputados aún no avanzó con el tratamiento del desafuero del legislador del Partido Justicialista Carlos Cisneros, pese a los pedidos judiciales en su contra en el marco de una causa por trata de personas y asociación ilícita. La situación genera tensión política en el Congreso, donde distintos sectores reclaman definiciones para permitir que la investigación avance sin restricciones.
El expediente tomó impulso luego de que el juez federal Guillermo Díaz Martínez, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, remitiera una notificación formal a la Cámara baja. En ella, informó NA, detalló la situación procesal del diputado y solicitó que se evalúe su desafuero para poder continuar con las medidas judiciales correspondientes.
Presión política y reclamos en Diputados
En paralelo, el bloque de La Libertad Avanza activó un movimiento parlamentario para acelerar el tratamiento del caso. La diputada Lilia Lemoine presentó un proyecto con el objetivo de que la Comisión de Asuntos Constitucionales aborde el pedido “a la mayor brevedad posible”. La iniciativa busca destrabar un expediente que, hasta el momento, permanece sin avances concretos.
El trasfondo judicial del caso se vincula con una investigación iniciada en 2024 en Tucumán por un presunto abuso sexual que involucró a exjugadores de Vélez Sarsfield. En ese contexto, uno de los futbolistas, José Florentín, mencionó a Cisneros como parte de una supuesta estructura ligada a una red de explotación.
El diputado fue citado a declaración indagatoria a mediados de este mes y rechazó de plano todas las acusaciones. “Tengo la conciencia tranquila”, sostuvo, al tiempo que calificó las denuncias como una “persecución política y judicial”. En su defensa, vinculó la causa con sus denuncias previas sobre presuntas irregularidades en el Ministerio Público Fiscal de Tucumán y con su enfrentamiento con el gobernador Osvaldo Jaldo.
Investigación en curso y entramado alrededor del caso
La investigación también alcanza a personas del entorno del legislador. Entre ellas, la abogada Patricia Neme —quien representó a la denunciante en el caso original— y el colaborador Federico Petraglia. Ambos figuran en el radar de la fiscalía, que intenta reconstruir posibles vínculos dentro de la presunta red.
A su vez, surgieron sospechas sobre la adquisición de propiedades de alto valor en Tafí del Valle por parte de allegados al diputado, lo que abrió nuevas líneas de análisis. Sin embargo, el eje principal de la causa continúa centrado en las denuncias por trata, que podrían escalar en función de los avances judiciales.
