La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 convocó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko para el próximo 8 de abril. Se trata de la primera citación dispuesta por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de una investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la compra de un inmueble en el barrio porteño de Caballito por US$ 230.000, bajo condiciones que generan sospechas.
«Convóquese a la escribana Adriana Mónica Nechevenko a prestar declaración testimonial», indica la resolución emitida desde los tribunales de Comodoro Py. Cabe señalar que la escribana es quien certificó la compra del inmueble en nombre de Manuel Adorni y su esposa luego de que pusieran US$ 30.000 en efectivo, y los otros US$ 200.000 se los prestaron las antiguas propietarias de la vivienda, dos jubiladas.
La Justicia va por más
La pesquisa no se limita a ese inmueble: la fiscalía también avanza sobre otra propiedad del jefe de Gabinete, esta vez en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En ese marco, se le requerirá a Nechevenko que presente copias de la matriz de la escritura correspondiente junto con documentación que permita determinar precios y condiciones de pago.
La escribana también fue parte de certificar esta operación inmobiliaria, sin vender ninguna otra propiedad a nombre de Manuel Adorni o su pareja. Esto llama la atención dentro de la Justicia como se incrementó el patrimonio de ambas personas de manera exponencial desde la llegada del periodista al Estado, y sin indicarlo en su declaración jurada.
La Justicia también quiere precisiones sobre el rol de Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Viegas, las jubiladas que vendieron el departamento. De acuerdo con la documentación oficial, el funcionario y su cónyuge formalizaron la compra de la unidad funcional el 24 de noviembre de 2025 mediante escritura pública, y las dos mujeres habrían sido quienes proveyeron el financiamiento privado que les permitió acceder a la propiedad ubicada en la calle Miró.
Protección a una testigo clave
La Justicia Federal tomó medidas cautelares contra el periodista Marcelo Grandío luego de que Vanesa Tossi lo denunciara por hostigamiento. El juez Ariel Lijo fue quien ordenó las restricciones con el objetivo de proteger a la empleada de Jag Executive Aviation, figura central en la causa que investiga los vuelos privados de Manuel Adorni a Punta del Este en febrero pasado.
La iniciativa fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó la intervención judicial tras conocerse que Tossi había aportado información relevante sobre la contratación del vuelo en cuestión. Las autoridades quieren asegurarse que Tossi pueda seguir colaborando con la Justicia sin verse sometida a presiones externas de ningún tipo.
