El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, se negó este martes a declarar en la causa que lo investiga por presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles, vinculadas al otorgamiento de créditos fiscales a Toyota Argentina. La información fue confirmada por fuentes judiciales.
El funcionario presentó un escrito ante la jueza María Eugenia Capuchetti y optó por no responder preguntas. En contraste, otros dos involucrados sí prestaron declaración. La ronda de indagatorias continuará el próximo jueves con otro imputado.
La imputación y el rol del INET
La citación fue ordenada en el marco del expediente CFP 1837/2024, a partir del requerimiento de la Fiscalía Federal N° 12, a cargo de María Alejandra Mangano. La investigación apunta a presuntas irregularidades en la utilización del régimen de crédito fiscal previsto por la Ley 22.317.
Según informó Na, entre marzo de 2016 y abril de 2017 se habrían emitido certificados en favor de Toyota como empresa patrocinante de proyectos educativos. Sin embargo, la fiscalía sostiene que los fondos se destinaron a servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines formativos contemplados por la norma.
Montos y presunto perjuicio
En la causa también fueron indagados Diego Hernán Gabella y Martín Galante, mientras que Diego Pablo Taurizano deberá comparecer el 5 de marzo. Todos están señalados por presuntas maniobras realizadas en el ámbito del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
El presunto perjuicio económico acreditado asciende a $2.854.405, cifra que actualizada supera los $16 millones. A su vez, el total presupuestado en certificados de crédito fiscal alcanzó los $7 millones, que ajustados por tasa activa del Banco Nación superan los $40 millones. La fiscal consideró que la prueba reunida —incluida documentación administrativa y aportes de la Oficina Anticorrupción— resulta suficiente para sostener el grado de sospecha requerido para las indagatorias.
