(Por Diego Nofal).- El ex diputado provincial Hugo Daniel Ávila encendió las alarmas políticas al destapar una olla a presión que hierve en silencio dentro de la administración pública catamarqueña. Según señaló el ex parlamentario, existe un profundo malestar en las filas de la policía de Catamarca y otras áreas del Estado por los magros salarios que paga el gobernador Raúl Jalil, aunque advirtió que los uniformados son los más afectados por las bajas retribuciones que reciben mes a mes .
La denuncia llega en un momento clave, cuando el “efecto contagio” de la protesta santafesina comienza a sacudir los cuarteles de todo el país y nadie quiere quedarse afuera del reparto de la indignación salarial. El ex legislador marcó una contradicción que resulta casi cómica si no fuera trágica, ya que los policías catamarqueños se encuentran en una franca desventaja a la hora de reclamar porque existe una especie de mandato sagrado que prohíbe a los uniformados quejarse en público.
La franca desventaja que sufren los policías de Catamarca
Parece que jurar defender a la patria incluye también la cláusula secreta de defender el bolsillo vacío con estoicismo militar, aunque la plata no les alcance ni para comprar las balas que teóricamente deben usar para protegernos. La lógica perversa indica que quienes cuidan el orden deben soportar el desorden de sus propias cuentas sin chistar, como si el hambre fuera parte del uniforme reglamentario.
Sin embargo, Ávila recordó que los recientes acontecimientos en Santa Fe demostraron que los miembros de la fuerza de seguridad pueden y hasta deberían hacer manifestaciones públicas, siempre y cuando no afecten el normal desenvolvimiento de la seguridad provincial.
Los policías santafesinos logrados que el gobernador Maximiliano Pullaro reconociera el reclamo como “justo y genuino” y hasta consiguieron que ningún uniformado cobre menos de un millón trescientos cincuenta mil pesos, algo que en Catamarca suena más lejano que la nieve en el Valle Central.
El efecto contagio que preocupa en Catamarca
El efecto dominó ya se sintió en Jujuy con manifestaciones recientes, mientras que en Córdoba, Mendoza y San Juan también comenzaron los cuchicheos y los primeros amagos de protesta que obviamente alentaron a los catamarqueños a ventilar su bronca primero en privado y después en redes sociales .
El ex diputado catamarqueño soltó una idea que en la Argentina suena más extraña que un político que cumple sus promesas, al proponer la creación de un sindicato policial algo impensado en la estructura institucional del país. La propuesta resulta tan revolucionaria que seguramente en Casa de Gobierno la recibieron con el mismo entusiasmo que un embargo, aunque Ávila insiste en que dar representación sindical a los policías evitaría justamente los conflictos sociales que surgen cuando los uniformados se quedan sin canales formales para procesar sus quejas.
Resulta paradójico que en la Argentina del siglo veintiuno los trabajadores de seguridad tengan prohibido organizarse gremialmente, como si vivieran en un régimen laboral del siglo diecinueve donde pedir aumento era causal de fusilamiento al amanecer.
Lo más preocupante del diagnóstico de Ávila es que el maltrato hacia la policía no es solo salarial, sino también institucional, porque los efectivos reciben sueldos bajos y además soportan un trato permanente que desgasta el alma y la vocación de servicio. El gobierno de Raúl Jalil parece confiar en que la policía catamarqueña seguirá siendo la novia obediente que nunca protesta, mientras en otras provincias los uniformados ya descubrieron que el respeto se gana con diálogo y no con silencio forzado.
Los antecedentes de Córdoba tendrían que helar la sangre de los gobernantes
Los antecedentes históricos de Córdoba en 2013 deberían helar la sangre de cualquier gobernante, porque aquellos acuartelamientos terminaron con saqueos, dos muertos y cientos de heridos, una película de terror que nadie quiere repetir pero que siempre está ahí como recordatorio .
La propuesta de crear un ámbito institucional de discusión salarial para la policía, como ya impulsa el peronismo en Santa Fe, podría ser el camino sensato que Catamarca necesita para evitar que el malestar siga creciendo como una olla a punto de estallar. Mientras tanto, los policías catamarqueños siguen esperando que alguien en el poder entienda que la dignidad laboral no es un favor sino un derecho, y que los salarios magros no se arreglan con discursos emotivos sino con dinero contante y sonante que llegue a fin de mes.
Si el gobernador Jalil no quiere que su policía termine imitando a la santafesina con patrulleros ruidosos y familias arrodilladas frente a la Casa de Gobierno, tal vez sea hora de sentarse a conversar antes de que el silencio se convierta en grito.
