El debate por la reforma de la Ley de Glaciares ha generado una fuerte tensión política en la Cámara de Diputados. Los diputados de Unión por la Patria denunciaron que el oficialismo está intentando silenciar a la sociedad al limitar la participación en las audiencias públicas previstas para el 25 y 26 de marzo.
La polémica estalló cuando se confirmó que hay un récord histórico de más de 45.000 ciudadanos inscriptos para dar su opinión sobre la protección de los recursos naturales. Sin embargo, la oposición reclama que el tiempo asignado por las autoridades de las comisiones es totalmente insuficiente para escuchar a semejante cantidad de personas.
Denuncia de «mordaza» y amenaza judicial
Desde el bloque peronista fueron tajantes al calificar la actitud del Gobierno nacional. “La Libertad Avanza coarta la libertad de hablar sobre la Ley de Glaciares”, expresó el diputado nacional Pablo Todero, en redes sociales.
Por su parte, la legisladora Sabrina Selva denunció que el oficialismo hace «trampa con audiencia pública». En este sentido, explicó que a los diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales les llegó «una nota firmada por los presidentes de ambas comisiones, Mayoraz y Peluc».
«Deben extender los plazos de manera razonable para garantizar la participación, sin arbitrariedad y con transparencia, y no caer en la simulación de una audiencia pública, sino cumplirla», subrayó.
?LO ADVERTIMOS: están haciendo TRAMPA con la audiencia pública por la Ley de Glaciares ??
— Sabrina Selva (@SabriSelva) March 13, 2026
A los que integramos las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, nos acaba de llegar una nota firmada por los presidentes de ambas comisiones (Mayoraz y Peluc).
?Ya… pic.twitter.com/1qOE0QTkcJ
Para los legisladores de la oposición, esta maniobra le quita validez legal a todo el proceso parlamentario. Advirtieron que, al no permitir que la gente se exprese como marca la Constitución, la ley podría ser declarada nula. “Va a terminar en la justicia esta ley y va a carecer de toda validez al ser inconstitucional”, sentenciaron desde el bloque.
El argumento oficial y los límites técnicos
Por su parte, los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz defendieron el esquema de trabajo elegido. Argumentaron que la magnitud de los inscriptos hace que sea “materialmente imposible” que todos hablen de forma presencial o virtual en un plazo razonable sin paralizar la actividad del Congreso.
Como solución, el oficialismo decidió que solo hablarán los primeros anotados de cada provincia para garantizar un debate con carácter federal. El resto de los miles de interesados tendrá que conformarse con enviar su postura por escrito o grabar un video de 5 minutos. Para el peronismo, esta medida es una forma de esconder la discusión sobre el medio ambiente.
