Diputados de la oposición le exigieron al Gobierno Nacional que «deje de cajonear» el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 941/2025. El cual entró en vigencia el pasado 2 de enero y modificó el sistema de inteligencia argentino, ampliando las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Mediante una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y la titular del Senado Victoria Villarruel, los parlamentarios Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Pablo Juliano (Unión Cívica Radical) les exigieron que constituyan de manera urgente las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. A fin de analizar el contenido de dicho DNU.
«El DNU de inteligencia no puede seguir cajoneado en el Congreso. Desde el 2 de enero está vigente el DNU 941/2025 de Milei. Un decreto gravísimo que modificó más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional. Habilitó a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legisla en materia penal. Algo expresamente vedado por la Constitución para un DNU. No había ni necesidad ni urgencia, lo que correspondía es que se debatiera en el Congreso», planteó el propio Ferraro en su cuenta de X.
EL DNU DE INTELIGENCIA NO PUEDE SEGUIR CAJONEADO EN EL CONGRESO.
— maxi ferraro ?? (@maxiferraro) March 30, 2026
Desde el 2 de enero está vigente el DNU 941/2025 de Milei, un decreto gravísimo que modificó más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, habilitó a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y… pic.twitter.com/vLQCbhfVjt
«El oficialismo no nos permite hacer el análisis y el control del DNU», aseguró Ferraro
El diputado también cuestionó que el oficialismo no les permite hacer el análisis y el control del decreto en el Congreso. Por lo que, insistió: «Le reiteramos a Victoria Villarruel y a Martín Menem, por segunda vez, que integren y constituyan de manera urgente las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia».
«Ya pasó el receso legislativo, ya pasaron las sesiones extraordinarias. Ya se iniciaron las sesiones ordinarias y siguen sin funcionar dos comisiones clave para el control que el Congreso debe ejercer sobre los DNU’s del Poder Ejecutivo. Y sobre las actividades y políticas de inteligencia», remarcó Ferraro.
Junto a @MonicaFradeok y @EstebanPaulon presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable.
— maxi ferraro ?? (@maxiferraro) January 5, 2026
Además, solicitamos una medida cautelar para la suspensión de los… pic.twitter.com/Z1kuMFtBLD
¿Qué modifica concretamente el DNU 941/2025?
El Decreto 941/2025 firmado por el presidente de la Nación Javier Milei modifica la Ley de Inteligencia Nacional junto a sus normas complementarias. Con el objetivo principal de «reorganizar y modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN)», según el gobierno.
El DNU argumenta que es necesario «modernizar» la ley 25.520, frente a los «desafíos tecnológicos». «Es preciso modificar cuestiones que tienen que ver con la ciberseguridad, comunicaciones e información. Además, se pretende evitar superposiciones, mejorar la eficiencia y modernizar componentes», plantea.
Asimismo, establece la creación de organismos desconcentrados para enfocarse en ciberseguridad, contrainteligencia y asuntos internos. Con énfasis en «proteger la información estratégica, prevenir amenazas y evitar injerencias externas».
En este marco, crea la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC). A fin de encargarse de ciberseguridad en infraestructuras críticas, valor estratégico y protección de información sensible. También incluye al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como organismo desconcentrado.
Por último, establece la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC). Con el objetivo de «identificar y neutralizar amenazas como espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia que afectan la seguridad estratégica nacional».
