El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa en medio de la polémica por sus viajes a Punta del Este, el vuelo de su esposa a Estados Unidos e irregularidades en su declaracion jurada. Más allá de esto, el dirigente anunció que el Gobierno enviará un conjunto de proyectos al Congreso de la Nación para seguir desregulando la economía y las actividades en Argentina.
Una de las propuestas anunciadas es terminar de promulgar la Ley de Glaciares y modificar su marco regulatorio. «La Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo para la actividad minera del mundo. Canadá, Chile, Australia, todos esos países tienen un marco normativo que compatibiliza la protección ambiental con la actividad minera. En Chile la minería genera un millón de empleos directos e indirectos, puestos trabajo de calidad vinculados a exportaciones que pagan altos salarios. Chile no solo no destruyó su Patagonia, sino que recibe incluso más turismo que nosotros«, señaló.
«Nuestra modificación le devolverá a las provincias la potestad para determinar a dónde permitir actividad minera y a dónde no, sin por eso dejar de proteger en lo más mínimo a los glaciares», afirmó Manuel Adorni sobre este proyecto.
Más dinero para las Fuerzas Armadas
Por otro lado, y tras recordar el Día de la Memoria, el funcionario cercano a Javier Milei sostuvo que «es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene. En el marco del equilibrio fiscal y el crecimiento económico, este gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar».
«En vías de este objetivo hemos determinado que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional», destacó Manuel Adorni sobre este proyecto.
El Gobierno envía los pliegos de los jueces al Senado
Por último, Adorni anunció que continúa la reforma en materia judicial y que el Gobierno enviará 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado. «Hoy, 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60 % de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social».
«Durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía ser un futuro problema. Esto se termina», completó.
