La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue una lujosa propiedad ubicada en la localidad de Martínez, partido de San Isidro. De este modo, la legisladora confirmó que avanzó con esta medida para determinar si el inmueble tiene algún vínculo con Manuel Adorni.
Se trata de un chalet situado entre las calles Vieytes y Presidente Quintana, cuyo valor se estima en al menos un millón de dólares. La polémica estalló porque la vivienda cuenta con una consigna policial de la Federal de manera ininterrumpida.
Según la legisladora, fuentes policiales aseguran que esta custodia responde a una designación directa de la Presidencia de la Nación. Esto confirmaría que los propietarios son altos funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque el Gobierno se niega a revelar de quién se trata.
La denuncia penal y el silencio del Gobierno
Ante la falta de respuestas claras, Pagano decidió llevar el caso a los tribunales. En su cuenta de la red social X, la diputada fue directa y lanzó una pregunta que generó revuelo: «¿Es o no de Adorni?». La legisladora busca determinar por qué se utilizan recursos públicos para cuidar una residencia privada que no figura en las declaraciones juradas de manera clara.
Pagano también denunció que existe un operativo para evitar que la noticia trascienda. “El Gobierno presiona a dueños de medios de comunicación para que no se hable de esta vivienda en Martínez”, aseguró la diputada. Según reveló la diputada, desde la Casa Rosada habrían realizado insistentes llamados a canales de televisión para bloquear la difusión de esta investigación.
El Gobierno presiona a dueños de medios de comunicación para que no se hable de esta vivienda en Martínez. Presenté una denuncia penal para que se investigue por qué hay una consigna policial en la puerta de este domicilio desde hace tiempo y de manera ininterrumpida que fuentes…
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 30, 2026
Adorni, el funcionario que genera duda
A pesar de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el tema como una “operación política” para dañar la imagen del Gobierno, las dudas persisten. Oficialmente, el chalet figura a nombre del empresario Álvaro Castro Burgueño, un desarrollador vinculado a la inversión en criptomonedas y «ladrillos tokenizados».
La conexión sospechosa aparece con el escándalo de $Libra, una moneda virtual en la que Adorni habría tenido una fuerte participación. Registros indican que el funcionario participó en reuniones con empresarios del sector e incluso iba a ser el orador principal en un evento vinculado a estos negocios.
