El abogado y denunciante en la causa $LIBRA, Gregorio Dalbón, lanzó duras acusaciones contra el Gobierno nacional tras las recientes revelaciones sobre el manejo de criptomonedas y bienes del Estado. Según el letrado, la investigación ha avanzado lo suficiente como para que el Poder Judicial tome medidas drásticas contra el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei.
Dalbón sostuvo que la impunidad está ganando terreno debido a la inacción deliberada de ciertos sectores de Comodoro Py. “El tema de Libra ya no es una cuestión de inacción, es una decisión del fiscal Taiano. Se decidió no investigar y eso es impunidad”, sentenció el abogado, marcando una clara diferencia entre el trato que recibe el oficialismo y la oposición.
?? Gregorio Dalbón: "El tema de $LIBRA ya no es una cuestión de inacción, es una decisión del fiscal Taiano"
— C5N (@C5N) March 18, 2026
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Pruebas de estafa y la «mentira» presidencial
Dalbón destacó que la investigación periodística reciente golpeó la estrategia de defensa del Gobierno. “Mínimamente el fiscal Taiano lo que tiene que hacer es llamar a indagatoria porque ya hay prueba”, lanzó el letrado en C5N.
El abogado sostiene que hay una contradicción en las explicaciones que esgrime el mandatario. Mientras Milei aseguró haber tenido un contacto superficial con el contrato de la cripto, las pruebas indicarían lo contrario. “La sociedad ya sabe que Javier Milei miente. No puede ser que los libertarios vayan a los programas de televisión a enjuagar sus delitos”, disparó Dalbón.
Karina Milei, ANDIS y la «doble vara» judicial
La denuncia de Dalbón no se limitó al presidente. También puso el foco en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El abogado aseguró que existe una red de protección para que las denuncias contra los funcionarios libertarios no prosperen.
“Esa doble vara también la está viendo la gente, porque no es solo la impunidad de Milei en Libra, es la impunidad de Milei y de Karina con el tema de Andis”, denunció Dalbón.
Además, vinculó la inacción del fiscal Taiano con el hecho de que su hijo tiene un cargo nombrado por el actual Gobierno. En este sentido, el denunciante sostuvo que esta situación representa un conflicto de intereses y deberían haber apartado al fiscal de la función.
Finalmente, el abogado concluyó que el uso de bienes del Estado por parte de personas que no son funcionarios públicos, como ocurrió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, constituye malversación de caudales públicos. Según Dalbón, si no se frena este avance sobre las instituciones, la situación se parecerá cada vez más a épocas oscuras donde el Poder Ejecutivo controlaba el destino de las personas por fuera de la ley.
