Cientos de familiares de personas con discapacidad marcharon este jueves hacia el Ministerio de Salud para exponer la delicada situación que atraviesan. La movilización se concentró en el cruce de Moreno y la Avenida 9 de Julio. Allí, los manifestantes exigieron al Gobierno nacional normalizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad y efectuar los pagos a los prestadores. Durante la jornada, la Policía Federal mantuvo un cordón de seguridad para permitir la circulación del tránsito mientras se desarrollaba el reclamo.
Las familias presentes aseguraron que viven una situación desesperante debido a la interrupción de los servicios básicos. Denunciaron que muchos centros de día cerraron sus puertas y que el servicio de transporte dejó de funcionar, dejando a los niños sin atención. Además, señalaron que la falta de pagos por parte de organismos como PAMI e Incluir Salud venía acumulándose desde el mes de octubre. Esta situación, según relataron, terminó afectando la entrega de insumos esenciales como pañales y atención médica.
«Los chicos están ansiosos en la casa, no podemos contenerlos y necesitamos atención médica para nuestros hijos y ahora no tenemos nada. Antes entregaban pañales que en cantidades eran 120 ahora son de 90″, relató una de las mujeres que se encontraba en el lugar.
El relato de una trabajadora del sector de discapacidad
“Hace 30 años que trabajo en discapacidad y nunca, nunca en la vida hemos visto esto y la peleamos siempre”, aseguró una mujer que se desempeña como prestadora en el área de salud mental. «Lo que la mamá dijo, nosotros lo sufrimos también», aseguró con firmeza la trabajadora tras el relato de la madre que se encontraba protestando.
Según explicó, aunque el sector siempre ha tenido que luchar por sus derechos, la situación actual es crítica debido a que los pagos están frenados desde diciembre por parte de organismos como Incluir Salud.
El impacto del desmantelamiento institucional
La prestadora denunció que el traslado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al ámbito del Ministerio de Salud fue utilizado como una excusa para demorar los fondos. Según su testimonio, el Gobierno alegó una «reorganización» para justificar que no se pagaran las prestaciones de enero y febrero.
Además, señaló que los incrementos otorgados en meses anteriores fueron «miserables» y que, en muchos casos, ni siquiera se llegaron a cobrar. “¿Cómo hace una institución que está totalmente desmantelada para subsistir?”, se preguntó. En este sentido, resaltó que sin dinero es imposible pagar sueldos, servicios básicos o garantizar el alimento diario de los pacientes.
