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POLÍTICA

Greenpeace presentó una cautelar por la Ley de Glaciares y exige que expongan los 100 mil inscriptos

 

Greenpeace cuestionó las limitaciones del Congreso y reclamó garantizar la participación oral de todos los inscriptos en las audiencias.

 
Greenpeace Ley de Glaciares
Greenpeace Ley de Glaciares

La organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para garantizar la participación oral de más de 100 mil personas inscriptas en las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.

El reclamo surge ante la limitación establecida para las exposiciones. Según el cronograma previsto, solo podrán participar de forma oral unos 200 expositores en la jornada presencial y otros 200 en la instancia virtual, mientras que el resto deberá enviar su intervención por escrito o a través de videos.

La causa quedó a cargo del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, actualmente subrogado por Enrique V. Lavié Pico, quien deberá definir si hace lugar al planteo presentado por la organización.

El reclamo de Greenpeace por la participación

Desde Greenpeace cuestionaron la resolución adoptada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz. Según indicaron, el esquema limita la participación ciudadana.

En ese sentido, la organización pidió que se garantice la exposición oral de todos los inscriptos y que se readecúe el cronograma de audiencias. También solicitó que se sumen nuevas jornadas para permitir una participación efectiva.

Advertencias sobre el cronograma y el impacto

Fuentes parlamentarias señalaron que, si se habilitara la participación de todos los inscriptos, las audiencias podrían extenderse durante más de 500 días. Sin embargo, desde la oposición plantean la necesidad de encontrar un criterio intermedio.

Por último, Greenpeace pidió que el Congreso se abstenga de reemplazar las exposiciones orales por videos o presentaciones escritas. Además, solicitó la designación de veedores judiciales para supervisar el proceso y garantizar que se cumplan los estándares de participación establecidos en el Acuerdo de Escazú.