El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán, se refirió al conflicto entre las universidades y el Gobierno de Javier Milei. Según el profesional, existe un «incumplimiento caprichoso» de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada por el Congreso y ratificada tras el intento de veto presidencial.
Durán explicó que, pese a los fallos judiciales a favor de la universidad, el Gobierno sigue sin implementar la mejora salarial del 51% adeudada. En su lugar, Nación ofreció un incremento del 12% en cuotas hasta 2026, propuesta que fue rechazada por los gremios. “Lo que estamos haciendo es simplemente reclamar que cumplan con la ley”, señaló en Radio con Vos.
Docentes e investigadores golpeados por deterioro salarial
Para Durán, la situación económica de los docentes e investigadores es crítica. Detalló que un ayudante de primera con dedicación exclusiva, que realiza tareas de investigación y docencia por 40 horas semanales, “cobra menos de 5.500 pesos la hora”. En el caso de un profesor adjunto con doctorado y 15 años de antigüedad, el valor de la hora llega apenas a los 9.000 pesos.
El decano aseguró que es “imposible sostener un sistema de calidad en esas condiciones”. Además, denunció que el objetivo final del oficialismo no es cerrar los edificios, sino desfinanciarlos progresivamente. “La forma que encontraron es ahorcarnos, acogotarnos, ir de a poquito haciendo que la calidad se deteriore”, lamentó.
El debate por las auditorías y la ineficiencia
Respecto a las acusaciones sobre falta de transparencia, Durán fue tajante al señalar que las facultades son las unidades del Estado más auditadas. Explicó que la Facultad de Ciencias Exactas cuenta con una «triple auditoría». Sobre este punto señaló que hay control interno, de la UBA y de la Auditoría General de la Nación. “Jamás nadie en la universidad pública planteó que las universidades no tienen que ser auditadas”, aclaró el decano.
También recordó que la Justicia le dio la razón a la UBA sobre quién debe realizar estos controles externos. Según el fallo judicial, la tarea corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN) y no a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que depende directamente del Poder Ejecutivo. Por último, Durán invitó al Gobierno a dotar de más personal a la AGN si realmente desea aumentar la frecuencia de los controles, en lugar de usar la falta de auditorías como una excusa para no girar los fondos.
