La localidad de San Cristóbal, en Santa Fe, sigue conmocionada tras el tiroteo en una escuela donde un alumno mató a un compañero e hirió a otros. Los abogados de la familia del atacante, Néstor y Mariana Oroño, asumieron la defensa y brindaron detalles sobre la situación judicial del joven, quien ya fue trasladado a la ciudad de Santa Fe para su resguardo.
Desde un enfoque político, el caso reabre la discusión sobre la ley penal juvenil. Néstor Oroño fue claro al explicar que, por la edad del menor, no enfrentará una condena tradicional. “El menor no va a ser objeto de pena… porque todavía continúa vigente, continúa rigiendo la antigua ley sobre responsabilidad penal”. El abogado aclaró que esto no significa que el Estado sea indiferente, sino que se buscarán soluciones desde la salud psicológica.
Salud mental y denuncias de bullying en la escuela
La estrategia de la defensa se centrará en demostrar que el joven atravesaba un cuadro psicológico grave antes del ataque. Según revelaron los letrados, el adolescente ya había dado señales de alerta que habrían motivado un tratamiento previo. “Antes del hecho sí tuvo atentados contra su vida lo que… motivó que fuera tratado psicológicamente”.
Además, los abogados introdujeron el factor del acoso escolar como un posible detonante, aunque aclararon que no buscan justificar el crimen. “Parecería que hasta habría sido víctima de hechos de bullying”, señaló Néstor Oroño. Y agregó que existen imágenes que respaldan episodios donde sus pares maltrataron al chico. Para la defensa, “tenemos cierta certeza de que hay patologías al menos de carácter psicológico” que requieren intervención estatal.
La investigación sobre el origen de la escopeta
Una de las principales líneas que sigue la Justicia es la cercanía del domicilio del joven con la casa de su abuelo materno, quien sería el dueño legítimo del arma. La defensa sostiene que existe una “certeza casi absoluta” de que el padre no le facilitó el equipo.
Néstor Oroño señaló que es fundamental determinar si alguien le entregó el arma voluntariamente al menor o si el propio chico la consiguió por su cuenta. En este sentido, se investiga la posibilidad de que el joven le haya robado o sustraído la escopeta a su abuelo.
Oroño adelantó que un punto clave para los familiares de la víctima será “determinar la responsabilidad de las autoridades estatales” por posible incumplimiento de sus deberes. Asimismo, la defensa descartó que el padre del joven le hubiera facilitado el arma, calificando esa posibilidad como una «certeza negativa». Mientras tanto, se espera que el joven sea sometido a un régimen de “institucionalización a los fines del tratamiento” en un establecimiento adecuado.
