El juez Raúl Ojeda, titular del Juzgado del Trabajo N° 63, suspendió 82 artículos de la reforma laboral, en una medida que «implica un periodo de paz social» a su consideración. Con esta resolución, el Gobierno sufre un nuevo revés de parte de la Justicia, quien ahora deberá definir si esta propuesta impulsada por La Libertad Avanza se ajusta a la Constitución Nacional.
«Es una cautelar, no es un fallo judicial. Ahora el Estado dará sus argumentos y serán anlaizados y se verá cómo se sigue. Está abierto el debate pero esos artículos están suspendidos. Esta medida trae paz social hasta que se dicte un fallo definitivo, que lo hará finalmente la Corte Suprema«, aclaró el magistrado en AM 530.
Dentro de sus argumentos, Ojeda explicó que suspendió muchos artículos de la reforma laboral porque «no puede haber retrocesos en materia social y económica», según lo establecido en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Además, remarcó que habría una «violación a la libertad sindical», ambas cuestiones establecidas en la Carta Magna de la Nación.
Ajustado a la Constitución
Sumado a esto, el juez que frenó la reforma laboral planteó que su postura se ajusta a lo establecido por la Constitución Nacional y que ahora iniciará una fase de argumentos y posturas que deberán ser resueltas por el máximo tribunal: «Nosotros tenemos que controlar o velar porque esas leyes que se dictan estén ajustadas a la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional parece ser un librito ahí olvidado en un costado, pero en realidad es nuestra máxima guía», recordó.
«El congreso saca leyes, está en su facultad pero la Justicia tiene que evaluar si ajusta a lo que dice la Constitución, que, insisto, es nuestra guía superior. La constitución son leyes que se escriben en tiempos de paz para momentos de conflictividad, como es el actual. Ahora el Estado apelará y la Cámara definirá», insistió Ojeda al respecto.
Las consecuencias de la reforma laboral
Por otra parte, le consultaron acerca de cómo podría afectar la reforma laboral aprobada a la sociedad en caso de que prospere tal y como quiere el Gobierno: «Podría producir consecuencias muy graves. Les voy a le doy un ejemplo. Imagínense empleadores que contratan personal ahora con un nuevo régimen, como sería este y luego de 3 años la Corte Suprema le dice, ‘No, esto está mal’ y entonces ahí lo que compraron fueron juicios», señaló.
«Contrataron personal pensando que estaba bien y resulta que estaba mal. Entonces también esto es algo que le va a dar seguridad jurídica a los empleadores y obviamente le da seguridad jurídica a los trabajadores y trabajadoras, porque su régimen laboral no se ve afectado hastaen tanto se dicte una sentencia definitiva que así lo establezca», sentenció.
