La senadora nacional del bloque Justicialista, Juliana Di Tullio, presentó un proyecto de ley en el Senado para impedir que ciudadanos extranjeros ocupen cargos en áreas consideradas estratégicas del Estado nacional. La iniciativa apunta a reforzar los requisitos de nacionalidad para desempeñar funciones en sectores vinculados con las áreas de Economía, la Defensa, la Seguridad y la Inteligencia.
La legisladora anunció la presentación a través de un mensaje publicado en la red social X. “La soberanía y los intereses del país se cuidan. Presenté un proyecto de ley para que en áreas estratégicas como Economía, Seguridad y Defensa no esté permitido contratar extranjeros dada la sensibilidad de información que existe en dichas áreas y que debemos resguardar”, expresó.
Qué establece el proyecto
La iniciativa propone modificar el artículo 4 de la Ley de Empleo Público Nº 25.164 para reforzar el requisito de nacionalidad en el acceso a cargos del Estado. En la actualidad, la normativa permite que el jefe de Gabinete pueda exceptuar la exigencia de ser ciudadano argentino para determinados puestos. El proyecto de Di Tullio mantiene la posibilidad de excepciones, pero establece que en ningún caso podrían designarse extranjeros en cargos que comprometan la soberanía política o económica, la defensa nacional, la seguridad interior o el sistema de inteligencia.
Además, la iniciativa plantea que los cargos extraescalafonarios y las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional sólo puedan ser ejercidos por ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados. En ese caso, el presidente podría autorizar una excepción mediante un acto expreso y debidamente fundamentado, aunque también quedaría prohibido hacerlo en áreas estratégicas.
Los fundamentos de la iniciativa
En los fundamentos del proyecto, Di Tullio advierte que en los últimos años se repitieron designaciones de ciudadanos extranjeros en cargos de alto nivel dentro del Poder Ejecutivo. Como ejemplo, mencionó al actual secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien se desempeña dentro del Ministerio de Economía.
Según Di Tullio, la exigencia de nacionalidad para ciertos cargos se vincula con el deber de fidelidad de los funcionarios hacia el Estado argentino y con la necesidad de proteger información sensible vinculada a la seguridad nacional. “El requisito de la nacionalidad encuentra sustento en el aseguramiento de la lealtad al Estado y, en algunos supuestos, en razones de seguridad nacional”, argumentó la legisladora en el texto del proyecto.
Referencias a la Corte Suprema
La iniciativa también cita distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar la constitucionalidad de establecer restricciones de nacionalidad en determinados cargos públicos. Entre ellos se mencionan los fallos “Repetto”, “Calvo y Pessini”, “Gottschau”, “Mantecón Valdés” y “Hooft”.
Asimismo, el proyecto recupera los criterios fijados en el caso “Radulescu”, donde el máximo tribunal sostuvo que los derechos no son absolutos y que las leyes pueden establecer requisitos de idoneidad para el acceso a funciones públicas, siempre que las restricciones sean razonables y no tengan fines persecutorios. La iniciativa ahora deberá tratarse en el ámbito de las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto para su eventual debate.
