La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel tuvo un revés en la denuncia que presentó contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, tras ser criticada por ambos, bajo la carátula de presunta “coerción ideológica, calumnias e injurias». A partir de que la Justicia solicitó desestimar la causa, por considerar que los dichos están amparados por la libertad de expresión.
Según detalló el propio Feinmann, la primera resolución de fiscal Eduardo Taiano rechaza esa pretensión en lo esencial. Y argumenta: «Las posibles calumnias e injurias son de acción privada. Eso significa que no corresponde que el Ministerio Público impulse esa parte: debe tramitar, en todo caso, como querella privada. Los dichos de los periodistas no configuran delitos como asociación para imponer ideas por la fuerza o el temor, ni amenaza idónea de golpe contra el orden constitucional».
«Esas manifestaciones están amparadas por la libertad de expresión, y que avanzar penalmente sobre ellas podría afectar de manera directa la libertad de prensa. El fiscal marca un límite clarísimo al uso expansivo del derecho penal. Taiano dice, en sustancia, que no se puede transformar un comentario periodístico, aun duro, exagerado o injusto, en un delito contra el orden constitucional», plantea.
Primera resolución de Fiscal Taiano.
— Eduardo Feinmann (@edufeiok) March 14, 2026
El fiscal Eduardo Taiano rechaza esa pretensión en lo esencial y dice:
•Las posibles calumnias e injurias son de acción privada.
Eso significa que no corresponde que el Ministerio Público impulse esa parte: debe tramitar, en todo caso, como… https://t.co/qvmT8f8elm
El planteo de Feinmann
Feinmann por su parte agregó que si cada análisis político «filoso», cada adjetivo extremo, cada lectura crítica de una interna de poder pudiera ser reinterpretada como “amenaza al sistema democrático” o “atentado al orden público”. Advirtió que las consecuencias serían devastadoras: «el periodismo quedaría bajo amenaza penal permanente».
«El dictamen no dice que los periodistas hayan tenido razón. Dice algo más importante: aunque los dichos puedan resultar reprochables o cuestionables, eso no basta para convertirlos en delito público. Eso protege un principio esencial: en democracia, la libertad de expresión no protege solo lo elegante, moderado o prolijo; protege también lo áspero, lo molesto, lo irritante y lo políticamente incómodo», planteó el conductor de A24.
«Las expresiones de los periodistas deben ser analizadas con criterio antes de intentar encuadrarlas penalmente»
Luego, según Feinmann el fiscal Taiano rechaza la criminalización de opiniones políticas y periodísticas. Subrayando que estas expresiones tienen implicancias políticas e ideológicas y que, justamente por eso, «deben ser analizadas con criterio restrictivo antes de intentar encuadrarlas penalmente». «No se puede judicializar penalmente una interpretación política solo porque ofende, molesta o daña la imagen de un funcionario. Ese es un mensaje institucional fuerte».
«Advierte el riesgo directo sobre la libertad de prensa. El dictamen usa una fórmula muy potente: avanzar con estos delitos podría afectar de manera directa la libertad de prensa. Eso no es un detalle técnico. Es el corazón del asunto. Porque una denuncia de este tipo, promovida además por una vicepresidenta contra periodistas, puede generar: efecto amedrentador sobre periodistas y medios, autocensura, inhibición de comentarios críticos sobre funcionarios y uso del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento simbólico», alega.
Las conclusiones del caso
Feinmann también agregó: «Aunque después la causa no prospere, el solo intento ya puede producir el mensaje: ‘cuidado con lo que dicen’. Reafirma el principio de última ratio. El fiscal recuerda que el derecho penal debe ser de última ratio. Es decir: no puede ser la primera respuesta del Estado frente a expresiones polémicas, agravantes o políticamente duras. Ese principio es clave para una república liberal: la palabra no se combate con prisión, salvo casos realmente excepcionales y claramente típicos. Qué descartó el fiscal, en términos concretos»
Por último, según Feinmann el fiscal Taiano dice que no hay elementos para sostener que los periodistas actuaran como parte de una agrupación destinada a imponer ideas “por la fuerza o el temor”. «Una editorial agresiva o una acusación mediática no equivale a integrar una organización violenta. También descarta que haya una amenaza pública e idónea vinculada con un alzamiento contra el orden constitucional. En términos simples: decir ‘golpista’ en un pase televisivo, por más fuerte o discutible que sea, no es lo mismo que amenazar con un golpe de Estado».
