El asesor presidencial Santiago Caputo lanzó un duro ataque contra el juez laboral Raúl Ojeda luego de que este dictara una medida cautelar para suspender más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La decisión judicial, que favorece un planteo de la CGT, generó un clima de máxima tensión en la Casa Rosada.
A través de X, Caputo cuestionó el fallo y vinculó la decisión del magistrado con una resistencia política de la oposición tras perder la votación en el Congreso. El asesor de confianza de Javier Milei considera que la justicia está interfiriendo de manera indebida en las facultades del poder Legislativo.
Caputo pidió la destitución del juez
Caputo no ahorró calificativos para referirse al titular del Juzgado del Trabajo N°63. “Lo que no consiguen con los votos lo quieren imponer por la fuerza con jueces adictos”, disparó el funcionario en su publicación. Para el oficialismo, el freno a la Ley 27.802 representa un intento de los sindicatos y jueces afines de mantener privilegios que la nueva normativa busca eliminar.
Además, el asesor presidencial puso en duda la capacidad técnica de Ojeda para seguir al frente de su juzgado. “Ese juez debería ser destituido por el Consejo de la Magistratura ya que no reúne los requisitos de idoneidad básicos para el cargo”, lanzó. Esta declaración marca un nuevo capítulo en la confrontación del Gobierno con el Poder Judicial.
Lo que no consiguen con los votos lo quieren imponer por la fuerza con jueces adictos. Ese juez debería ser destituido por el Consejo de la Magistratura ya que no reúne los requisitos de idoneidad básicos para el cargo. https://t.co/ekb1ZXk173
— Santi C. (@slcaputo) March 31, 2026
El pasado kirchnerista del juez Ojeda
La furia de la Casa Rosada se alimenta del perfil del magistrado Raúl Ojeda. El juez fue asesor de Carlos Tomada, quien fuera el ministro de Trabajo durante todas las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. El entorno de Milei ve este vínculo como una prueba de que el juez no actuó con imparcialidad al fallar contra la reforma oficialista.
Ojeda justificó la suspensión de los 82 artículos argumentando que busca evitar «perjuicios graves de imposible reparación» para los trabajadores. Además, frenó puntos clave sobre el derecho a la huelga y la negociación colectiva mediante este fallo judicial. Su decisión profundiza la división entre el Poder Ejecutivo y los integrantes del fuero laboral.
