La diputada nacional Juliana Santillán lanzó una fuerte crítica contra un sector del periodismo, calificándolo como una «máquina de vender humo». Según la legisladora oficialista, es fundamental que la sociedad aprenda a distinguir entre la información real y las «operaciones de prensa» que buscan desgastar la imagen del Gobierno. Esta reacción surge en un momento de tensión por las denuncias judiciales que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Para Santillán, la actual «campaña sucia» mediática ocurre porque el presidente Javier Milei se niega a ceder privilegios monopólicos y a repartir pauta publicitaria. La diputada afirmó que, ante esta negativa, la respuesta de ciertos sectores es golpear la confianza de los ciudadanos, que es el activo más valioso de la gestión actual. Según su visión, se utiliza el control del mercado digital como un campo de batalla para presionar al poder político.
La legisladora también denunció que existe un «arte de mirar el árbol para ocultar el bosque», donde se toman datos parciales de la economía para simular una caída libre. Sostuvo que este sistema omite deliberadamente hitos como el superávit fiscal o la baja de la inflación para crear un clima social negativo. Para Santillán, esto no es periodismo, sino un sistema cerrado de desinformación y extorsión.
El fin de los «sobres» a la prensa
Santillán fue tajante al señalar que la libertad de prensa es sagrada, pero que no debe confundirse con la extorsión camuflada de información. Aseguró que lo que hoy se resiste a morir en Argentina es un esquema donde se utilizaban «sobres» para silenciar verdades o inventar mentiras. Según la diputada, el Gobierno no negociará con ese pasado de decadencia donde políticos y medios eran socios.
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Finalmente, destacó que los ciudadanos actuales ya no son espectadores pasivos y no se dejan engañar por quienes «venden caos» para proteger sus propios negocios. Mientras tanto, la justicia investiga a Manuel Adorni por presunta malversación y enriquecimiento ilícito, tras detectarse una propiedad de 250.000 dólares en un country que no habría sido declarada. La legisladora concluyó que la batalla cultural también consiste en recuperar el control de los propios juicios frente al poder mediático.
