El Gobierno nacional encuentra alivio tras obtener un fallo clave en los tribunales, en medio de la ofensiva sindical contra la reforma laboral. La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, aceptó un planteo de “inhibitoria” presentado por el Ministerio de Capital Humano. De este modo, la causa impulsada por la CGT dejará el fuero laboral y continuará su trámite en la justicia administrativa.
La disputa era determinar qué jueces debían evaluar la constitucionalidad de los 83 artículos de la ley. Mientras la CGT sostiene que el fuero laboral es el especializado para tratar estos temas, el Gobierno argumentó que, al ser el Estado el demandado, el caso debe estar en manos de la justicia federal.
El Estado nacional como protagonista del juicio
Uno de los puntos clave del fallo fue aclarar quién es la persona demandada en este conflicto. La jueza señaló que, dado que la acción de la CGT apunta directamente contra el Poder Ejecutivo, no corresponde que intervenga la justicia ordinaria del trabajo. En sus fundamentos, la magistrada destacó que «la pretensión… planteada por la CGT se dirige contra el Estado Nacional».
Además, el fallo recordó que la nueva Ley de Modernización Laboral establece reglas claras sobre quién debe juzgar estos casos. Según la normativa, cuando el Estado Nacional es parte o tercero interesado, «serán competentes el fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Esto bloquea la posibilidad de que los jueces laborales tradicionales tomen decisiones sobre esta ley.
El argumento de la Justicia
La jueza Marra Giménez fue contundente al explicar por qué un juzgado nacional del trabajo no puede decidir sobre leyes federales de este tipo. En el documento judicial se advierte que, de no aceptar este cambio de fuero, «llegaríamos al absurdo de que, eventualmente, un tribunal local juzgue al Estado Federal y sus políticas públicas». Para la magistrada, esto sería inaceptable dentro del orden constitucional del país.
El argumento principal es que la ley de modernización laboral implica cuestiones de derecho público administrativo y no simplemente un conflicto entre un empleado y un jefe. Por este motivo, la justicia federal debe tener la palabra final para asegurar que las políticas nacionales sean evaluadas por tribunales de su misma jerarquía.
Un freno a la estrategia judicial de los sindicatos
Con esta resolución, el Juzgado Federal N° 12 decidió «hacer lugar a la inhibitoria planteada y declarar la competencia de este Fuero». Esto significa que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde la CGT había presentado su demanda original, deberá dejar de intervenir. Tras este revés, la «embestida» de la central obrera deberá pasar a la justicia administrativa.
Este movimiento representa un triunfo político para el oficialismo, que busca evitar el fuero laboral, habitualmente visto como más cercano a los reclamos sindicales. Ahora, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal será la encargada de supervisar el trámite, en un escenario que el Gobierno considera mucho más favorable para defender la legalidad de sus reformas.
