La Coalición Cívica denunció créditos millonarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores libertarios

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue si existieron irregularidades y conflicto de intereses en el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores del oficialismo. La presentación se da en el marco de una serie de revelaciones periodísticas que en los últimos días pusieron bajo la lupa préstamos de entre 100 y 500 millones de pesos otorgados a figuras del espacio libertario.

Entre los beneficiarios mencionados en la denuncia figuran los funcionarios Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase y Emiliano Mongilardi, así como los diputados Mario Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni. Según los datos que recoge Frade, Carreira recibió 113 millones de pesos; Inchauspe y Núñez obtuvieron 510 millones cada uno; y el secretario de Finanzas, Furiase, accedió a un préstamo de 376 millones.

En cuanto a los legisladores, la denuncia de la Coalición Cívica detalla que Bongiovanni recibió 322 millones, Campero 340 millones, Santiago Santurio 340 millones y Villaverde 225 millones de pesos. En su presentación, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Frade sostuvo que actúa «en orden a la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos; en relación con miles de créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, que podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas».

Medidas solicitadas

Entre las medidas solicitadas por la Coalición Cívica a la Justicia, la legisladora pidió librar un oficio al Banco Nación para obtener los legajos crediticios completos de todos los involucrados y de cualquier otro funcionario o legislador que pudiera estar en situación similar. También requirió el acceso a las actas de directorio mediante las cuales se aprobaron las operaciones, y solicitó que el cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional determine si el banco sufrió algún tipo de perjuicio económico.

Asimismo, Frade pidió que se establezca si en el otorgamiento de los préstamos existieron «condiciones preferenciales, sea en tasas, plazos o condiciones de acuerdo con la práctica corriente del Banco», y si se violó la Carta Orgánica o los manuales de procedimientos internos de la institución. La denuncia también apunta a determinar si existió algún vínculo jerárquico o de otra naturaleza entre quienes otorgaron los créditos y quienes los recibieron.

Críticas libertarias

Los diputados aludidos salieron a rechazar públicamente las acusaciones de la Coalición Cívica. Mariano Campero calificó la denuncia de «maliciosa» y aclaró que se trata de «un crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria en UVAs abierta a cualquier ciudadano argentino que califique», subrayando que tanto el número de crédito como la documentación respaldatoria son de acceso público.

Explicó que en mayo pasado obtuvo un préstamo de 275 millones de pesos con el que adquirió «nuestra primera vivienda familiar, en la ciudad de Yerba Buena», donde antes vivía junto a su esposa e hijos en alquiler, y que el monto actual de 322 millones refleja la actualización por inflación propia del sistema UVA.

Por su parte, Bongiovanni también negó haber recibido condiciones diferenciales y sostuvo que «es falso que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos ‘diferentes’ o ‘preferenciales’ a las generales». Aclaró que accedió a las mismas condiciones vigentes a mediados del año pasado para quienes cobran haberes en el banco, y que su decisión de tomar el préstamo respondió a la expectativa de que «el virtuoso proceso desinflacionario del gobierno seguiría avanzando», tal como hicieron decenas de miles de personas a lo largo de 2025.