La Coalición Cívica ARI expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno Nacional, que se tratará en la Cámara de Diputados hoy miércoles 8 de abril. «Manifestamos nuestro rechazo al dictamen propuesto en base al proyecto de referencia, en virtud del cual se propone introducir modificaciones a la Ley 26.639», inicia el documento publicado por el diputado y presidente del partido Maximiliano Ferraro.
Según Ferraro, la reforma no propone una simple precisión interpretativa del régimen establecido por la Ley 26.639. Sino que introduce una alteración sustantiva de su arquitectura protectoria. «Redefine el objeto de tutela, relativiza el carácter estructurante del Inventario Nacional de Glaciares y desplaza prohibiciones legales expresas hacia decisiones administrativas posteriores, variables según cada jurisdicción».
«Por ello, el punto en debate no es menor ni meramente técnico. Se trata de establecer si el Congreso de la Nación mantendrá incólume el piso uniforme de protección ambiental que fijó en ejercicio del artículo 41 de la Constitución Nacional o si, por el contrario, habilitará una reforma que reduce ese umbral y compromete la lógica preventiva que da sentido al régimen vigente. En este contexto, no puede soslayarse una cuestión que atraviesa todo el proceso: la ausencia de buena fe en la elaboración y tratamiento de la iniciativa«, sostiene.
Ratifico todo lo que dije en el plenario de comisiones. El Secretario de Minería de la Nación expuso hoy en un claro y abierto conflicto de intereses.
— maxi ferraro ?? (@maxiferraro) April 8, 2026
Su reciente trabajo de asesoramiento jurídico para decenas de empresas mineras le impide intervenir con la objetividad e…
«La protección de los glaciares no es una consigna abstracta«
El diputado señala que no están ante un proyecto surgido de una deliberación abierta, plural y orientada al interés público. Sino frente a una propuesta cuya orientación y contenido reflejan, de manera evidente, los intereses del propio sujeto regulado. «Se trata de una reforma impulsada y diseñada por aquellos mismos actores que quedarán alcanzados por la norma».
«Esta circunstancia no solo distorsiona el proceso deliberativo. Sino que compromete la legitimidad de la iniciativa desde su origen, en tanto desdibuja la frontera entre quien legisla en función del interés general y quien procura adaptar el marco normativo a sus propios intereses. La protección de los glaciares no es una consigna abstracta. Sino una decisión política concreta en favor de la seguridad hídrica, la equidad intergeneracional y la preservación de bienes colectivos estratégicos«, remarca.
Ferraro también advierte que la reforma del oficialismo se trata de una iniciativa con potencial regresivo en materia ambiental. «Cuando se encuentran comprometidos glaciares y ambiente periglacial, se encuentra potencialmente en juego el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua. La cuestión debe ser considerada de manera sistémica, atendiendo a la protección de los ecosistemas y la biodiversidad», exige.
«El proyecto en revisión no fortalece el federalismo ni aporta seguridad jurídica. Por el contrario, fragmenta el estándar mínimo de protección ambiental, debilita instrumentos técnicos consolidados y multiplica los focos de litigio. Lejos de promover la inversión y la producción, introduce mayor incertidumbre regulatoria, incrementa el riesgo de conflictividad social y judicial, y erosiona la previsibilidad que requieren los proyectos productivos de largo plazo», argumenta.
Según la Coalición Cívica, la reforma no aporta mejores condiciones para el desarrollo
El diputado remarca que la iniciativa tampoco mejora la calidad institucional. «Presentado como una supuesta ley interpretativa, en realidad opera como una reforma material que reduce el alcance de la tutela vigente sin contar, al menos de modo suficiente y exteriorizado, con la fundamentación técnica, la deliberación pública y la justificación constitucional reforzada que una decisión de esa naturaleza exigiría».
«No fortalece, además, el federalismo argentino. Lo debilita. No aporta, finalmente, mejores condiciones para el desarrollo. Sin reglas claras, estables, técnicamente fundadas y socialmente legítimas, no hay desarrollo sostenible ni inversión de calidad. Hay mayor discrecionalidad, asimetrías regulatorias y más exposición a controversias que terminan afectando tanto al ambiente como a la propia actividad económica», remarca.
Por último, la Coalición Cívica entendiende que corresponde sostener la vigencia plena y efectiva del régimen establecido por la ley 26.639. Reafirmando el compromiso de la Cámara de Diputados con la defensa del ambiente como derecho colectivo y como condición indispensable para un desarrollo verdaderamente sostenible.
«Corresponde rechazar el proyecto venido en revisión. Porque el desarrollo constitucionalmente admisible no puede edificarse sobre la reducción del piso mínimo de tutela de reservas estratégicas de agua, la fragmentación del estándar nacional y la debilitación de instrumentos científicos comunes. Rechazar esta reforma es preservar la integridad del programa ambiental de la Constitución Nacional y honrar el deber de legislar con responsabilidad frente a las generaciones presentes y futuras», concluye.
