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POLÍTICA

La nueva Ley de Glaciares: qué cambia y por qué genera polémica

 

La nueva norma reduce la protección sobre zonas periglaciares, habilita actividades mineras y le da más poder a las provincias, lo que desató fuertes críticas.

 
Glaciar Perito Moreno
Glaciar Perito Moreno

El Congreso aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, una norma que introduce cambios profundos en el esquema de protección ambiental en la Argentina. La iniciativa redefine qué zonas quedarán bajo resguardo y cuáles podrán habilitarse para actividades económicas, especialmente en regiones con fuerte potencial minero.

El proyecto fue impulsado por el Gobierno nacional con el respaldo de gobernadores de provincias cordilleranas, que buscan atraer inversiones a través de un marco regulatorio más flexible. De esta manera, el debate quedó atravesado por el equilibrio entre desarrollo económico y preservación de los recursos naturales.

Los principales cambios de la nueva Ley de Glaciares

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del criterio de protección. A partir de ahora, solo quedarán bajo resguardo estricto los glaciares y zonas periglaciares que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Esto deja afuera a otras áreas que antes estaban protegidas de forma automática.

Además, la normativa otorga mayor poder a las provincias, que serán las encargadas de definir qué zonas proteger y cuáles pueden destinarse a actividades productivas. Este cambio reduce la intervención del Estado nacional y habilita criterios diferenciados según cada jurisdicción.

Otro aspecto clave es el nuevo tratamiento del ambiente periglacial. La ley permite que estas zonas puedan ser utilizadas para exploración o explotación si no se demuestra su importancia hídrica. Esto impacta directamente en áreas con interés para la actividad minera.

También se elimina la prohibición general de actividades extractivas en esas regiones. En su lugar, se establece un sistema de evaluación de impacto ambiental caso por caso, lo que abre la posibilidad de aprobar proyectos que antes estaban directamente vedados.

Debate por el impacto ambiental y el modelo productivo

La reforma también modifica el rol del Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA, que seguirá siendo una referencia obligatoria pero pierde centralidad en la toma de decisiones. A partir de ahora, el peso principal recaerá en las autoridades provinciales.

Mientras el oficialismo sostiene que la ley ordena el marco normativo, fortalece el federalismo y promueve inversiones, sectores científicos y organizaciones ambientales advierten sobre los riesgos que implica reducir la protección de reservas estratégicas de agua dulce en la Argentina.