El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó una acción de amparo colectivo ambiental para frenar la nueva Ley de Glaciares. La medida fue presentada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, a pocas horas de su aprobación en el Congreso de la Nación. La embestida busca trabar la aplicación de la ley nacional que modifica el régimen de protección de glaciares, argumentando que vulnera derechos constitucionales vinculados al ambiente y al acceso al agua.
Esta iniciativa del Gobierno provincial cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.
Los argumentos legales: inconstitucionalidad y retroceso
El documento presentado solicita la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la reforma por avanzar contra el derecho al agua y a un ambiente sano. En este sentido, destacaron que la modificación “reduce el alcance del objeto protegido y debilita el estándar uniforme propio de una ley de presupuestos mínimos”. Esto es considerado por la provincia como un retroceso normativo que no debería permitirse en materia ambiental.
Uno de los puntos centrales del amparo es la violación del principio de no regresividad reconocido en el Acuerdo de Escazú. El texto sostiene que “es inconstitucional porque viola el principio de no regresión ambiental». Es decir, «una vez alcanzado un determinado umbral de protección, su excepcional reducción requiere una justificación especialmente estricta”. Para la provincia, esta ley debilita las garantías alcanzadas con la anterior Ley N° 26.639.
Ley de Glaciares: La Pampa presenta amparo colectivo ambiental. https://t.co/r4VaSoIts1
— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) April 9, 2026
El impacto real en el río Colorado y el consumo humano
A pesar de que La Pampa no tiene glaciares, las autoridades advirtieron que la provincia depende directamente de ellos a través del río Colorado. El gobernador Ziliotto fue tajante al afirmar que con “esta ley va a haber menos agua” y que la norma perjudicará a todos los habitantes. Actualmente, este río es vital, ya que abastece de agua potable al 45% de la población pampeana.
Por su parte, la fiscal de Estado, Romina Schmidt, remarcó que “el daño que tiene la provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real”. Alertó que, si la calidad y cantidad de agua del río disminuye, las consecuencias serán inmediatas para la salud y el desarrollo provincial. Desde las organizaciones sociales agregaron que la ley cambia peligrosamente el enfoque del Estado. “La prioridad era el consumo humano, pero a partir de esta ley parece que la prioridad puede ser la inversión que hagan las mineras”, advirtieron.
Pedidos a la Justicia y medidas cautelares
La presentación judicial incluye un pedido de medida cautelar para que se suspenda de inmediato la aplicación de la ley aprobada por el Congreso. El objetivo es que se mantenga la vigencia del régimen anterior para evitar que se consoliden “daños ambientales graves o irreversibles” mientras se resuelve la cuestión de fondo. La provincia busca que el Estado nacional se abstenga de dictar cualquier reglamentación que ponga en marcha la nueva norma.
Finalmente, el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, destacó que este reclamo es una “definición política” y un compromiso histórico de la universidad con el territorio. La demanda también alerta que la reforma podría dificultar la recuperación de otros recursos hídricos, como el río Atuel. Con este amparo, La Pampa intenta proteger lo que consideran su patrimonio natural y el derecho de las generaciones futuras a vivir en un ambiente equilibrado.
