(Por Diego Nofal).- Se esperaba para el día de la fecha la presencia estelar del gobernador Raúl Jalil y otros mandatarios del denominado triángulo del litio en el recinto de la Cámara de Diputados. Con esta asistencia los ejecutivos provinciales mostrarían un alineamiento definitivo e incondicional con las directivas emanadas desde la Casa Rosada por el presidente Javier Milei.
El apoyo explícito, de esos pesos pesados del interior, hubiera resultado una herramienta fundamental para inclinar la balanza durante el crucial debate por la Ley de Glaciares. Sin embargo algo falló en la logística política de la Rosada, porque el catamarqueño decidió no poner un pie en el Congreso y el faltazo ya es un hecho consumado que resuena fuerte.
Cuál es la explicación de la fría ausencia de Jalil
No obstante la fría ausencia del mandatario en los pasillos del poder porteño, encuentra una explicación mucho más cálida y ruidosa varios cientos de kilómetros al norte del obelisco y la avenida Callao. Raúl Jalil viene sufriendo en las últimas semanas un desgaste territorial más que importante que empezó como un pequeño murmullo en las serranías de Andalgalá y luego se contagió con rapidez a las calles de Fiambalá.
Aquella corriente de descontento cruzó la Cuesta del Portezuelo y finalmente derivó en una enorme y contundente pueblada este viernes, en la mismísima capital catamarqueña, que encendió todas las alarmas del sofisticado tablero de control del gobierno provincial. A veces las matemáticas electorales fallan cuando la gente decide ocupar la plaza y el gobernador parece haber optado por sacar los pies del plato legislativo nacional.
No sabemos con certeza cuál fue el detonante íntimo o la gota que rebalsó el vaso del faltazo de Raúl Jalil a la cita con los diputados de la Nación, pero el contexto es demasiado elocuente como para ignorarlo. Lo que sí sabemos es que hoy esperaban su presencia para apuntalar el debate legislativo y el gobernador catamarqueño prefirió no pisar el mármol del Congreso Nacional, ni mostrarse en la foto con el oficialismo libertario.
Resulta curioso observar cómo un mandatario que maneja los hilos de una provincia rica en minerales termina con menos margen de maniobra que un funcionario cualquiera apenas la temperatura asamblearia sube unos grados en el termómetro del Valle Central y el Oeste catamarqueño.
La lucha antiminera en Catamarca sigue
Mientras tanto la lucha antiminera continúa su curso implacable y las Asambleas Ambientales emitieron un comunicado de esos que retumban más que una explosión controlada en la montaña aunque con un tono bastante más civilizado pero igual de firme. El texto señala que mientras en el Congreso diputados y diputadas cuya función es representar al pueblo argentino discuten sobre los destinos de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar el Gobierno de Catamarca avanza con otro expediente polémico.
Se trata de la mal llamada instancia de participación ciudadana para reactivar la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera con la que según denuncian intenta enmascarar el verdadero y más ambicioso objetivo de las corporaciones que es la explotación a cielo abierto de Agua Rica.
Desde la asamblea vienen luchando para conseguir justicia sobre su reclamo histórico que es ni más ni menos que se les garantice el acceso al agua libre de contaminación que nace de los glaciares y el ambiente periglaciar del imponente Nevado del Aconquija.
“Los mismos glaciares y ambientes periglaciares que el Gobierno de Catamarca hoy al mando de Raúl Jalil en sociedad con la transnacional Glencore pretenden destruir con la explotación del emprendimiento conocido como MARA producto de la unión de las mineras Agua Rica y Alumbrera. Precisamente esta fusión empresarial se encuentra investigada por la Justicia Federal y tiene a ocho funcionarios provinciales procesados por haber avalado la unión a sabiendas de la existencia de hielos eternos en la zona que se pretende dinamitar”, señalan.
En esa línea el comunicado recuerda que no es un dato menor que las propias empresas en sus informes de impacto ambiental habían adelantado que iban a hacer todo lo posible para modificar el marco regulatorio y así obtener la ansiada licencia social para la explotación. Sobre este punto la declaración testimonial de la doctora Adela Seguí, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, resultó ser una verdadera bomba de racimo en los estrados judiciales y en los pasillos universitarios.
La testigo ratificó que el negocio jurídico que se pretendía embarcar a la casa de altos estudios era ruinoso en términos jurídicos e implicaba un perjuicio no solo para YMAD sino para todo el sistema universitario nacional que recibe migajas de aquel contrato. Según su relato, las condiciones contractuales fueron impuestas por las empresas mineras a la universidad por ser esta última la parte más débil y evidentemente más ingenua de una relación asimétrica.
“Por todo esto los legisladores nacionales deberían mirar con atención qué sucede en Catamarca antes de levantar la mano para obedecer ciegamente a los despachos oficiales o a los lobbies corporativos que sobrevuelan el palacio legislativo con sus billeteras repletas de dólares frescos. Señoras y señores legisladores vean de qué lado de la historia quieren quedar como representantes honorables de un pueblo sediento o como meros empleados administrativos de las transnacionales que no responden a ninguna urna ni padrón electoral”, señaló el comunicado.
Cuál debería ser la única realidad innegociable para Catamarca
Piensen sientan y escuchen el clamor de las calles catamarqueñas que sostiene con una convicción pétrea que la ley de glaciares no se toca ni con la punta de un pico extractivista. Esa debiera de ser la única realidad innegociable la del pueblo en general que respira el aire seco del norte y no la abultada y siempre esquiva billetera de las corporaciones mineras.
Al fin y al cabo para un gobernador como Jalil es más difícil explicar una pueblada en su propio patio que un faltazo diplomático en la avenida Rivadavia y el tiempo le está dando la razón a esa vieja máxima de la política de trinchera y cabildo abierto.
