El exfutbolista Hugo Morales declaró este martes ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Su testimonio resultó relevante porque fue el propietario anterior del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito, inmueble que se encuentra en el centro de la investigación judicial.
Morales confirmó haber adquirido la propiedad en 1996 por 200.000 dólares. Según surge de la investigación, el inmueble fue vendido el año pasado por ese mismo valor a dos jubiladas, quienes luego se lo transfirieron a Adorni por 230.000 dólares mediante un esquema que combinó un pago inicial con un crédito hipotecario otorgado por las propias vendedoras, un mecanismo que derivó en la intervención judicial.
Los aportes de Hugo Morales
El exjugador de Lanús e Independiente, relató que la oferta de compra fue presentada por «dos chicos» a quienes no pudo identificar con precisión. Explicó que volvió a verlos el día de la escritura, oportunidad en que también estaban presentes dos mujeres que posteriormente figurarían como acreedoras del crédito hipotecario utilizado por Manuel Adorni para adquirir la propiedad.
Además de su relato, aportó a la fiscalía chats, audios y capturas de pantalla vinculados a la transacción, así como información sobre la intermediación inmobiliaria. Sin embargo, no pudo explicar cuál era el vínculo entre los dos jóvenes que acercaron la oferta y las mujeres que intervinieron como prestamistas.
El departamento del escándalo
La compra del departamento, concretada en noviembre de 2025, está siendo analizada judicialmente por la modalidad de financiamiento utilizada. De acuerdo con el Registro de la Propiedad Inmueble, Manuel Adorni y su esposa abonaron 230.000 dólares por la vivienda, de los cuales 200.000 fueron cubiertos mediante un crédito hipotecario privado, lo que llamó la atención de los investigadores.
Las acreedoras de ese préstamo fueron Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo. El hecho de que las vendedoras del inmueble sean también las prestamistas del crédito con el que se financió la compra es uno de los aspectos que más intriga a la Justicia y que motivó la apertura de la investigación.
En paralelo, la fiscalía detectó la existencia de otra hipoteca privada vinculada al funcionario, esta vez sobre un inmueble diferente. En ese caso, el préstamo habría sido otorgado por Graciela Isabel Molina, por 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, por 15.000 dólares, ambas identificadas como acreedoras en documentos incorporados al expediente.
