La Policía Federal de Brasil concluyó este miércoles que el presidente Jair Bolsonaro incurrió en un delito al divulgar unos informes secretos para desacreditar al sistema electoral del país, pero dejó una posible acusación en manos de la Fiscalía General.
Según un documento remitido a la Corte Suprema, que investiga el asunto, la divulgación de esos documentos sobre unos ya desmentidos fraudes en las elecciones de 2018 tuvo como «propósito» la «difusión de información reconocidamente falsa, con repercusión dañosa para la administración pública», informó Télam.
Esos documentos formaban parte de una investigación de la Policía Federal sobre un ataque informático a los sistemas del Tribunal Superior Electoral ocurrido a mediados del año 2018, meses antes de las elecciones de octubre de ese mismo año, ganadas por el actual mandatario y que no fueron afectadas por ese incidente.
Bolsonaro divulgó esos documentos en agosto del 2021, pese a su carácter secreto, en el marco de una campaña que desató en contra del voto electrónico, que Brasil adoptó en 1996 y que hasta ahora no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude pero que, según el mandatario, favorece las trampas.
El juez Alexandre de Moraes incluyó ese asunto en un proceso sobre difusión de noticias falsas y ataques a las instituciones y determinó que la Policía Federal investigue la actitud del mandatario. La semana pasada ordenó que Bolsonaro prestase declaración ante la Policía Federal, después de que este se había negado reiteradamente, y lo intimó a comparecer el pasado viernes ante esa institución.
Sin embargo, el presidente no compareció y alegó su «derecho a la ausencia», aunque el asunto aún no ha sido totalmente aclarado en la esfera jurídica, pues el Supremo deberá analizar las consecuencias de que un jefe de Estado ignore una orden judicial.
El presidente del Tribunal Superior Electoral y también miembro del mismo, Luis Barroso, se refirió al asunto y sostuvo que la difusión «manipulada» de esos informes secretos fue un «auxilio a milicias digitales y hackers» volcados a «ataques criminales» contra las instituciones democráticas del país.
