El domingo habrá elecciones generales en Costa Rica que, según la mayoría de los sondeos, se definirían en un balotaje en abril porque ninguno de los más de 20 candidatos presidenciales obtendría el 40% de los sufragios necesarios para lograr el triunfo en primera vuelta.
Unos 3,5 millones de costarricenses están habilitados para elegir al sucesor del progresista Carlos Alvarado para el período 2022-2026 y a los 57 miembros del congreso, dominado por el Partido Liberación Nacional (PLN), de raíces socialdemócratas.
Ninguna de las 25 candidaturas presidenciales -la mayor cantidad en la historia del país- supera el 17% de intención de voto, según una encuesta de la estatal Universidad de Costa Rica (UCR). El sondeo, que coincide con tres mediciones privadas recientes, refleja la incertidumbre reinante al cifrar en un 31,8% los indecisos a menos de una semana de los comicios que se definirían en un balotaje el 3 de abril.
El expresidente José María Figueres, del PLN, encabeza la intención de voto con un 17% de las preferencias, seguido por la exvicepresidenta conservadora Lineth Saborío, con el 12,9%, y el predicador evangélico Fabricio Alvarado, quien tiene el 10,3%, replicó Reuters.
Las elecciones se celebran en momentos en que el país de 5,1 millones de habitantes reporta cifras récord de casos de coronavirus, por encima de 7.000 cada día, lo que hace pensar a autoridades electorales y analistas sobre un posible aumento del abstencionismo, que fue del 34,3% en la primera ronda de 2018.
El desempleo del 14,4% -el más alto desde 2010 a excepción de 2020, cuando se vio afectado por la pandemia- y la corrupción son otros temas que preocupan a los costarricenses, según encuestas, quienes culpan de ellos al saliente mandatario y a los partidos tradicionales: PLN y Unidad Social Cristiana (USC).
La incertidumbre también rodea a la elección del unicameral congreso, donde está pendiente la aprobación de medidas para cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsado por Alvarado -cuyo mandato finaliza en mayo- y que varios candidatos han propuesto renegociar.
La aplicación del acuerdo proveería créditos por 1.778 millones de dólares durante tres años al país, que cerró el 2021 con un déficit fiscal del 5,16% del Producto Interno Bruto (PIB) y un crecimiento económico del 7,6% después de una contracción de 4,5% en 2020 por los efectos de la pandemia.
