Este martes se cumplen 10 años de la Tragedia de Once, el mayor siniestro ferroviario de la historia argentina, y ninguno de los 19 condenados por el trágico episodio está en la cárcel. El enojo de los familiares y amigos de las víctimas con el Poder Judicial , y la situación penal del exministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido.
Durante el primer tramo de la causa se condenó a 18 exfuncionarios y directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA).Al día de hoy, la mayoría de los juzgados ya agotaron la pena o accedieron a los regímenes de progresividad que les permite gozar de la libertad condicional, bajo condiciones de conducta que deben cumplir. Tal es el caso de los altos mandos que ferroviarios uno a uno fueron egresando de los penales de Ezeiza y Marcos Paz, informó NA.
Uno de los casos es el del extitular de TBA, Claudio Cirigliano, quien fue condenado a siete años de prisión y aún cumple esa pena pero en su domicilio, beneficio al que accedió por razones de salud. Tras culminar esta primera etapa, la Justicia avanzó en otra para juzgar al resto de los responsables por los hechos ocurridos aquel 22 de febrero de 2012. Aquí llegó el momento de determinar el rol de exfuncionarios kirchnerista.
Uno de los principales apuntados fue Julio De Vido. El ex ministro de Planificación tiene condena ratificada en 2020 por la Cámara Federal de Casación Penal, pero aún resta un pronunciamiento final de la Corte Suprema y hasta entonces el fallo no estará firme.Sin embargo, estuvo dos años y medio preso (en distintas modalidades) pero por otras causas. El futuro del exfuncionario es una incógnita que puede tomar dos rumbos.
Por un lado, existe la posibilidad del cumplimiento en la modalidad domiciliaria en la que De Vido transcurrió los últimos meses del tiempo en que estuvo anteriormente detenido; mientras que por otro lado, se abre una discusión jurídica sobre si el tiempo que ya permaneció detenido se debe computar como parte del cumplimiento de esta nueva condena. Esa discusión probablemente se produzca también en torno a la situación de Ricardo Jaime, quien está preso por otras causas pero fue excarcelado en 2020 por los sucesos de Once.
El enojo de las familias contra la Justicia
Mientras tanto, las familias de los 52 fallecidos en el siniestro ferroviario apuntan contra la Justicia. Paolo Menghini, padre de una de las víctimas y cabeza de una de las querellas, aceptó reiteradamente que «el tiempo pasa, los plazos se cumplen y las penas se extinguen», al tiempo que cuestionó las reducciones en los plazos para recuperar la libertad por «estímulo educativo». Uno de los beneficiados por esta legislación fue el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.
Por otro lado, el motorman de la formación siniestrada, Marcos Córdoba, fue condenado a tres años y tres meses de prisión. El hombre recuperó su libertad en 2020 y por el paso del tiempo la pena en su contra ya expiró. La causa fue instruida en primera instancia por el difunto juez Claudio Bonadio y por el fiscal Federico Delgado. La cuestión central investigada en la etapa de instrucción se centró en el estado de los frenos, el desempeño del maquinista y el rol del Gobierno en el mantenimiento de la unidad ferroviaria.
A lo largo de todo el juicio, tanto los funcionarios como los empresarios condenados, argumentaron siempre que la formación Chapa 11 que se estrelló contra el extremo de llegada de los andenes de la estación de Once “frenaba correctamente” y que el siniestro se debió a un error humano sólo atribuible a Marcos Córdoba. No obstante, para la Justicia el mal estado de las formaciones por irregularidades en las inversiones, contribuyó a la tragedia y potenció sus consecuencias.
