La filtración de un paper sobre la letra chica del acuerdo que Argentina cerraría con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsó el debate sobre una posible reforma a los regímenes jubilatorios en Argentina. De inmediato, la Casa Rosada salió a aclarar que las modificaciones que estudia el oficialismo son sobre las jubilaciones y pensiones de privilegio para jueces y embajadores. Sin embargo, no incluyó a los haberes que recibe la expresidenta Cristina Kirchner.
Según explicaron especialistas, los regímenes especiales de jubilaciones pueden implicar un cambio de fórmula, aportes distintos y edades diferentes para acceder al beneficio. En Argentina, este tipo de regimen aplica a variados sectores que va desde el rubro educativo a los diplomáticos, pasando por trabajadores de plantas petroleras.
En la actualidad, nuestro país tiene unos 49 regímenes jubilatorios especiales que permiten a exfuncionarios, diplomáticos y empleados del Poder Judicial cobrar haberes muy por encima de la media de los adultos mayores (jubilados) regulados por la ley 24.241. Esta vez, el Gobierno prevé ir por los exjueces y diplomáticos, aunque dejaría afuera a exfuncionarios del Ejecutivo que cobran haberes elevados por haber ocupado determinados cargos.
De este modo, los cambios no impactarían en las dos jubilaciones que percibe la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente, la expresidenta cuenta con dos prestaciones: una por haber ocupado el sillón de Rivadavia entre 2007 y 2015, y la otra por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner.
¿Cuánto cobran los beneficiados?
El primer grupo de los más favorecidos por las jubilaciones de privilegio son los extrabajadores del Poder Judicial: hay 7252 exjueces jubilados y pensionados que tienen un haber promedio de $385.181.En el segundo grupo, se incluye a “los diplomáticos”. El listado completo indica que hay 693 jubilados y pensionados que cobran un haber promedio de $444.508.
Incluso, en ambos sectores se detectaron casos donde una persona recibe más de un millón de pesos por mes. Estos datos oficiales surgen del Boletín Estadístico de la Seguridad Social y están completos hasta diciembre de 2021.
El planteo de Nación
En el paper del acuerdo que se conoció en las últimas horas, uno de los pasajes habla «realizar un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional«. El planteo encendió alarmas sobre la posibilidad de una reforma total que incluía, por ejemplo, las jubilaciones docentes.
De inmediato, el presidente Alberto Fernández negó que vaya a suceder esto y luego el ministro de Economía, Martín Guzmán, completó: “Se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546″. De este modo, confirmó el análisis sobre la norma que crea el ‘Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación’.
¿Qué dicen el oficialismo y la oposición?
Esta no es la primera discusión que se plantea sobre esta norma. El año pasado, el legislador del Frente de Todos, Marcelo Casaretto , planteó ante el Congreso que las jubilaciones de privilegio generan un déficit de $ 9.200 millones de pesos al año que debe ser afrontado con fondos de la ANSES. «La sociedad reclama que modifiquemos este tipo de regímenes especiales», concluyó ante el Parlamento.
Incluso, desde la oposición también cuestionaron la existencia de un extenso listado de jueces jubilados que cobran cifras muy elevadas. En medio de la campaña legislativa del año pasado, la hoy diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, pidió terminar con las jubilaciones de privilegio a miembros del Poder Ejecutivo y Judicial.
«Es increíble que en la Argentina todavía haya más de 4.000 personas que cobran jubilaciones de privilegio: Presidente, Vicepresidente, miembros del poder judicial. No es admisible que haya gente cobrando más de $300.000 por mes con una jubilación mínima como la que tenemos», manifestó en agosto de 2021.
El debate recién arranca y, esta vez, el Gobierno parece decidido en avanzar con una propuesta concreta en el Congreso. Asimismo, la pregunta política detrás de la iniciativa es si es una medida que nace del Ejecutivo en beneficio ciudadano o un requisito del Fondo para cerrar el acuerdo.
