Este jueves se conoció que la Corte Suprema de Justicia falló por unanimidad que el Estado Nacional deberá pagarle 1.000 millones de pesos a la Compañía de Valores Sudamericana, la cual está dentro de la causa Ciccone, que tiene a Amado Boudou como principal apuntado. En un principio se preveía un pago de 275 millones de pesos aunque los actuales dueños de la compañía judicializaron este dictamen para que actualicen los montos a la actualidad y lograron la cifra mencionada.
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz se basaron en una decisión anterior de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que señalaba que el concepto de indemnización no solo abarcaba al precio sino también a los daños ocasionados. De esta manera, la posibilidad de compensación que había pensado el Estado, la cual se basaba en el no pago de cargas impositivas hasta igualar el monto, quedó descartada según consignó NA.
De esta manera, el Gobierno deberá depositar los 275 millones de pesos más una tasa anual del 6% de intereses a contar desde el 12 de marzo del 2013 y hasta que se haga efectivo el pago. Mientras tanto, el exvicepresidente Amado Boudou se encuentra en libertad condicional por esta causa e incluso participa de actos del oficialismo más allá de que tenga la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida.
A 10 años de la Causa Ciccone
En julio del 2010, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó en la justicia un pedido de quiebra a la empresa Ciccone Calcográfica, encargada de la impresión de billetes y documentación oficial. En ese entonces, la deuda era de US$ 60.000.000 además de una deuda fiscal de 200 millones de pesos. A raíz de esto, la empresa London Supply pagó en nombre de «The Old Fund» parte de la deuda para que se levante la quiebra y así Alejandro Vandenbroele pasó a ser presidente de la firma.
Para septiembre de ese año la justicia levantó la quiebra de Ciccone y en octubre pidieron una moratoria que incluyera la quita de intereses, multas y honorarios, algo que el jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, consideró acorde pero decidió consultarle al por entonces ministro de Economía, Amado Boudou sobre este movimiento.
Al llegarle esta novedad, Boudou intentó asociarse a Vandenbroele presentando documentación falsa para comprar parte de esta compañía. Al salir a la luz este intento de quien fue vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, la causa se destapó en 2012, hace casi 10 años, y la justicia determinó en 2018 que Boudou tendría la pena de cinco años y diez meses de prisión más la imposibilidad de volver a ejercer cargos públicos.
