En la tarde de hoy, la Justicia porteña le dio lugar al amparo colectivo presentado por organizaciones sociales en pedido de la nulidad del convenio urbanístico firmado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo trataba de habilitar un emprendimiento inmobiliario en la Costanera Sur a cargo de la empresa constructora IRSA. Finalmente el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta quedó trunco.
En julio del 2021 elevaron un recurso al juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 10 a cargo de Aurelio Ammirato. Allí pidieron frenar el acuerdo sobre el predio de España 2230/40, donde se iba a construir la Ciudad Deportiva Boca Juniors, y que no se inicie la obra de torres de 145 metros de altura que estaban proyectadas a realizar.
Según informó Télam, los amparistas cuestionan «la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final” sobre el proyecto inmobiliario conocido como “Costa Urbana”. Además, ese terreno no está habilitado para la construcción de viviendas. Solo se lo puede usar con fines deportivos a menos que se pida un nuevo permiso.
En la sentencia, Ammirato sostuvo que “el procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado. En tanto omitió la instancia participativa que la ley impone” y agrego que “este vicio del trámite se traslada al convenio que es su consecuencia y a la ley que lo aprobó”. De este modo, Horacio Rodríguez Larreta tiene otro proyecto caído por reclamo vecinal.
La defensa de los vecinos
Esta causa fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes. Quien salió a argumentar su reclamo fue el abogado del ODC, Jonatan Baldiviezo quien también frenó la venta de Costa Salguero hace algunos meses atrás.
“Firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes. Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, aseguró.
